Por Alfonso Núñez
Parece que a lista de enemigos naturales de agricultores y ganaderos se ha añadido, desde hace tiempo, un nuevo miembro: la administración.
Si este año no teníamos bastante con los factores negativos que están afectando a la campaña cerealista, como son la sequía, el pedrisco o el garrapatillo en algunas zonas, la Junta no deja de poner trabas a un sector que ya está bastante perjudicado.
Me estoy refiriendo, en concreto, a las últimas actuaciones de la administración regional y del Ministerio de Agricultura. El primer “golpe” llegó hace sólo unos días, cuando ASAJA conoció -inmediatamente lo denunció públicamente- la falta de presupuesto para cofinanciar las ayudas agroambientales, cuyo objetivo es regular los métodos de producción que permiten proteger el medio ambiente y mantener el campo.
Éste es el último año en que debían convocarse, en el marco de las ayudas europeas destinadas a desarrollo rural. En la provincia son unos mil profesionales los que están acogidos a las ayudas, y ello a pesar de que el número de solicitantes ha disminuido progresivamente, desalentados al comprobar cómo año tras año muchos se quedaban fuera. Pero en Palencia y en Castilla y León se van a perder estas ayudas europeas por falta de la cofinanciación.
Casi sin tiempo para digerir la noticia, nos llevamos otra decepción al conocer que la Dirección General de Producción Agropecuaria ha denegado injustamente decenas de expedientes de ayudas compensatorias del coste del gasóleo, con los que se iba a intentar compensar en parte los elevados costes del combustible de uso agrícola de 2004.
La argumentación para esta negativa no puede ser más peregrina:se deniega la ayuda “por no cumplir las obligaciones con la Seguridad Social” a quien lleva 30 años de alta en el régimen pagando religiosamente las cuotas mes a mes. Esta contradicción demuestra que ni siquiera han leído el recurso, y mucho menos han tenido en cuenta las pruebas aportadas.
Una situación similar estamos viviendo con las ayudas para la sequía de 2005. El año pasado los afectados solicitaron los préstamos bonificados y fueron aprobados con interés del cero por ciento y subvención a amortizaciones. Ahora, de nuevo la Junta nos sorprende sacando una orden para solicitar antes del 31 de agosto la aportación que hace a estas ayudas.
Todo un modelo de cómo hacer las cosas mal. No nos esperábamos esta duplicidad de la burocracia -aunque ya deberíamos estar vacunados- y menos aún en los plazos estipulados, cuando más trabajo tenemos los hombres y mujeres del campo y con el riesgo de que muchos ni siquiera van a enterarse de la orden.
Y para rematar el panorama -y esto ya se está convirtiendo en una costumbre- se convocan los planes de pensiones con un plazo -acaban el 31 de julio- casi imposible de cumplir.
Mientras, el Ministerio de Agricultura se convierte en responsable del nefasto reparto de fondos para el Plan Estratégico de Desarrollo Rural. Empezamos a padecer una de las primeras consecuencia de no ser ya región de Objetivo 1. En el documento presentado por el MAPA se da prioridad financiera a las regiones de “convergencia” (Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia) cuando su desarrollo agroganadero es muy superior al de Castilla y León.
Al final tenemos la impresión de que con todas estas trabas administrativas lo único que pretende la administración es que los agricultores y ganaderos pierdan el interés por las ayudas.
