La publicidad del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León apunta que se ha efectuado un anticipo del 70 % de los importes de las ayudas directas de la PAC 2024 en nuestra comunidad. Sin embargo, la situación real es muy distinta. Ese porcentaje significaría en nuestra comunidad haber abonado 670 millones de euros, pero sólo se han librado 485 millones; es decir, el 51 % de la cantidad autorizada. Por ello, ASAJA-Castilla y León ha exigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que libere los 185 millones de euros que faltan por abonar a los agricultores y ganaderos, a quienes se está creando un serio problema financiero.

Según ha podido saber ASAJA de Castilla y León, esos 185 millones no se han librado por un retraso administrativo, ya que faltan muchos controles por efectuar en las distintas líneas de ayudas. Esto bloquea pagos para evitar hipotéticos ingresos indebidos.

ASAJA no admite que el agricultor y el ganadero se conviertan en los paganos de esta falta de previsión de los organismos de control. Por ello, pide a la consejera del ramo, María González Corral, que dé orden de que, aun sin haberse efectuado los controles, se abonen todos los anticipos y que se solicite después la devolución de los pagos indebidos en los pocos casos donde así proceda.

OPCIÓN PERMITIDA. Los reglamentos de la PAC permiten esto que solicita ASAJA-Castilla y León, pero la Junta opta por no utilizar esa vía para no acumular más carga administrativa. Pero nuestra organización critica que esa política vaya en detrimento de la capacidad financiera de los profesionales del sector, mientras engorda la caja de la administración regional.

Por otra parte, la Consejería no está informando de las incidencias en los expedientes que no han cobrado el anticipo, ni da una fecha aproximada de cuándo va a resolverse la cuestión, lo que genera gran nerviosismo en el sector.

Las entidades tramitadoras que son las organizaciones profesionales agrarias (además, en su condición de entidades colaboradoras) y las entidades financieras no tienen acceso a esa información que lógicamente les reclaman los afectados.

ASAJA denuncia también que no haya un compromiso cierto para anticipar el 85 % de las ayudas de los programas agroambientales y de zonas con limitaciones, cuando la Unión Europea ha dado luz verde para pagarlas desde el pasado 16 de este mes de octubre./