La Unión Europea ha aprobado este lunes de forma definitiva la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), pese al rechazo de numerosos países comunitario y de amplios sectores de la población, incluido el de los profesionales del campo. El cambio de voto de la ministra austriaca de Medio Ambiente, la ecologista Leonore Gewessler, ha resultado decisivo para alcanzar el mínimo de respaldo del 65 % de representación de la población de la UE. La ley sale adelante con el 66 % y, según han destacado las organizaciones agrarias y las cooperativas del espacio comunitario (agrupadas en el COPA y la COGECA, respectivamente), la polémica norma «pasa, pero sus callejones sin salida en su aplicación permanecen».

La Comisión Europea presentó en junio de 2022 la Ley de Restauración de la Naturaleza para reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados en 2030, y la totalidad de ellos (incluidas tierras de cultivo o transformadas por la ganadería) en el horizonte de mitad de siglo XXI, lo que genera muchas incertidumbres sobre el mantenimiento del sector agroganadero en amplias zonas comunitaria y la soberanía alimentaria de su población.

El cambio de enfoque de la nueva LRN es la obligación que se impone a los estados miembros no sólo de proteger la naturaleza, sino de restaurarla, aspiración cuyos límites son muy difusos y generan graves conflictos con el desarrollo. La relación del ser humano con el medio ambiente, y su consiguiente transformación, se remonta a milenios y, de hecho, actividades como la agricultura y la ganadería, indispensables para la subsistencia de nuestra especie, no se conciben sin una transformación de la naturaleza en mayor o menor medida.

Los jerarcas y los burócratas comunitarios, así como los políticos medioambientalistas, parecen obviar que el cultivo de la tierra y la cría de ganado nacieron hace unos doce mil años, en el Neolítico, y que supusieron un auténtico cambio revolucionario en nuestra especie, ya que le garantizó la producción de alimentos y generó cambios sociales como el sedentarismo y la formación de poblaciones estables.

AUSTRIA RECURRIRÁ. El Consejo de Medio Ambiente celebrado este lunes en Luxemburgo entre los ministros del ramo de los países miembros ha salvado la ley in extremis, tras la decisión de Hungría de votar en contra, pero gracias al empecinamiento de la ministra austriaca, que ha votado incluso en contra del criterio de su gobierno. De hecho, su cambio de posición a última hora ha fracturado el Ejecutivo de Austria, que lidera el canciller federal Karl Nehammer, del democristiano Partido Popular (ÖVP), quien presentará un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la nueva ley europea no respeta la legislación federal.

Finalmente, la LRN ha contado con el voto favorable de Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia. Han votado en contra Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Finlandia y Suecia, mientras Bélgica se ha abstenido.

RIBERA, FELIZ. La ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, manfiestó tras la aprobación que se trata de «una muy buena noticia para todos los europeos y para la biodiversidad en su conjunto, también a nivel mundial». A su juicio, la LRN, «da oportunidad a que el conjunto de actividades económicas que dependen directamente del buen estado de conservación de la naturaleza pueda seguir desarrollándose».

No obstante, reconoce que «esto va a requerir un esfuerzo de acompañamiento, un compromiso con el sector primario, pero un compromiso que debe hacerse en el corto plazo en toda la etapa de transformación que representan los planes de restauración y, evidentemente también, en un escenario de medio y largo plazo, para poder seguir con estas actividades».

DESPRECIO. La aprobación definitiva de la LRN ha generado rechazo y preocupación entre las organizaciones agrarias, en especial por los interrogantes sobre cómo se financiarán esas medidas para recuperar los ecosistemas. Esta ley, una de las más polémicas para el campo que ha tramitado la UE, fue uno de los principales motivos de la protesta del campo a nivel comunitario. Lejos de atender el mensaje de las urnas del pasado 9 de junio, los ministros de Medio Ambiente y los gobiernos que han apoyado este lunes la ley, incluido los de España, han ignorado y despreciado tanto la movilización agraria a nivel comunitario como el sentido del voto de las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

El director de la oficina de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, ha manifestado en declaraciones a agencia EFE que «es un día triste que va a recordar todo el sector agropecuario»

«Parece ser que ha sido pasar las elecciones europeas y que nada ha cambiado, seguimos con la confrontación con poner al campo como si fuera parte del problema y no de la solución», ha añadido el portavoz de nuestra organización en la capital comunitaria.

Asimismo ha destacado que, si bien los estados miembros deben realizar los planes para aplicar la nueva ley, se remite a la «experiencia de los planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC), donde citan al sector pero sin contar con él».

TRES PROBLEMAS. Castilla afirma que la nueva LRN presenta tres problemas principales: no se sabe cómo se financiará la restauración que persigue, no hay mención alguna de las exigencias a los países extracomunitarios o a las cláusulas espejo; y la responsabilidad derivada a los países miembros generará muchas desigualdades en su aplicación.

«Pongamos que hay estados miembros como España, que es más ambientalista, y otros como Portugal, más agrarista. Esto va a producir claramente una distorsión de mercados», ha explicado el director de la oficina comunitaria de ASAJA.

Nuestra organización ha visto este lunes más que justificadas las críticas a la ministra Teresa Ribera y nuestras dudas sobre su perfil como europarlamentaria y posible candidata a una comisaría del ejecutivo comunitario.

Para ASAJA, esta aprobación de la LRN por la mínima y con una legislatura europea en interinidad, desoyendo a los profesionales del campo y el nuevo rumbo marcado por los electores el pasado 9 de junio, augura que las movilizaciones agrarias volverán a las calles, tanto a nivel nacional como comunitario./