El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el 15 de noviembre una disposición de la Presidencia de la Junta para la bonificación del 95% de las tasas del servicio veterinario dos años (es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025). La medida parte de la proposición de ley que plantearon PP y VOX en las Cortes de Castilla y León una semana antes, toda vez que la exención del 100% en la ley de medidas tributarias de diciembre de 2022 rigió tan sólo tres meses, hasta el pasado marzo. La propuesta contó con la unanimidad de la cámara regional, salvo la abstención del procurador de Ciudadanos.

Hay que recordar que, ya antes de que expirase tal exención total de tasas veterinarias del primer trimestre de 2022, se dirigió ASAJA-Castilla y León a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para solicitar la prórroga de esa bonificación del 100% de la tasa por la prestación de servicios veterinarios. La medida se aprobó entonces en apoyo al sector afectado por las subidas de precio de los insumos y la elevada inflación.

Nuestra organización reclamó su mantenimiento porque los ganaderos de la región seguían afectados por esa subida de precios, a la que se sumaban otros gastos no contemplados en la justificación de la bonificación en la ley (tales como la lengua azul o el saneamiento de terneros, que exigen acudir más frecuentemente al servicio veterinario).

IMPORTANCIA REGIONAL. Recogiendo el sentido de la propuesta parlamentaria, la Junta reconoce en el Bocyl la importancia de la ganadería en Castilla y León, al punto de que la media de la producción de la rama agraria en la comunidad en el último lustro ha ascendido a 6.612 millones de euros, en tanto la aportación de la ganadería llega a 3.126 millones de euros (es decir, representa casi la mitad, trece puntos porcentuales más que en España).

Según reconoce la ley de bonificación fiscal en su exposición de motivos, «desde mediados de 2020 se viene registrando un incremento en los precios de las materias primas en los mercados internacionales y una notable inflación que repercute sobre los costes que deben soportar las explotaciones ganaderas». 

SECTOR EN RIESGO. Uno de los principales costes de producción es el de la alimentación animal, que llega en algunos casos (especialmente, en las producciones más intensivas) al 70% del total de la cuenta de insumos.

Estos incrementos tan significativos en los costes de alimentación ponen en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones ganaderas, que ya vienen años arrastrando dificultades desde antes incluso de la pandemia de la COVID-19. Son muchos los ganaderos que ya venían sufriendo problemas de liquidez y de falta de rentabilidad de las explotaciones, agravada por otros problemas como el alza en el precio de la paja, debido a dos malas cosechas en 2022 y 2023 por la sequía.

RECURSO RURAL. Según la administración autonómica y los grupos políticos que impulsaron la bonificación, la medida supondrá un ahorro de unos dos millones de euros para los ganaderos de Castilla y León. Los asesores veterinarios de ASAJA-Palencia estiman que el ahorro medio de una explotación ganadera de la provincia de Palencia rondará los cincuenta euros al año, pero esta cantidad puede variar en función del tamaño y tipo de explotación, así como de la necesidad de servicios veterinarios puntuales.

Por otro lado, secundando la propuesta de las Cortes regionales, la ley incluye una disposición adicional por la que se prorroga a los ejercicios 2024 y 2025 la bonificación total sobre la cuota de las tasas por las licencias de caza de la clase A y B y por la licencia de pesca. La Junta argumenta, en este caso, que se trata de un recurso endógeno del medio rural de Castilla y León, que «puede y debe contribuir más intensamente a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes mediante la generación de rentas y empleos»./