La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo se ha manifestado este martes, 24 de octubre, sobre las medidas para el uso sostenible de pesticidas y aboga por reducir para 2030 su uso al menos un 50% con respecto al promedio del periodo 2013-2017, una reducción que quiere elevar al 65% en los productos con más riesgo. La postura contrasta con la adoptada este mismo mes por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que por amplia mayoría (veintiséis favorables, nueve en contra y tres abstenciones) respaldó el dictamen presentado por la eurodiputada andaluza Clara Aguilera (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), acerca del reglamento del uso sostenible de los productos fitosanitarios, la llamada propuesta SUR. Ese dictamen fue calificado como un «compromiso aceptable» por las organizaciones del sector agrario y cooperativo de la Unión Europea (COPA-COGECA), que pidieron junto a la europarlamentaria española el respaldo de la Comisión de Medio Ambiente, responsable de este expediente en última instancia, que el pleno del Parlamento abordará en la sesión del 20 al 23 de noviembre, lo que dará paso a iniciar las negociaciones con los estados miembros.

La Comisión de Medio Ambiente ha adoptado su resolución por cuarenta y siete votos a favor, treinta y siete en contra y dos abstenciones. Su resolución ha ido este martes incluso más lejos que el planteamiento de la Comisión Europea, cuyo objetivo es reducir en 2030 a la mitad todos los fitosanitarios, incluidos los más peligrosos, basándose en el promedio del período 2015-2017, y con objetivos nacionales diferentes, según la situación de partida de cada estado miembro.

Asimismo, han planteado que cada estado miembro adopte objetivos y estrategias nacionales, basados ​​en las sustancias vendidas por año, su nivel de peligrosidad y el tamaño de su superficie agrícola; y que la Comisión Europea verifique si los objetivos nacionales deben ser más ambiciosos para alcanzar los objetivos generales de la UE para 2030.

Para maximizar el impacto de las estrategias nacionales, los estados miembros también deberían implementar reglas específicas para al menos los cinco cultivos donde más impacto tendría la reducción del uso de pesticidas químicos, según la ponencia defendida por la eurodiputada austriaca Sarah Wiener, del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea.

PROHIBICIÓN TOTAL EN PARQUES URBANOS Y ZONA NATURA 2000. Los eurodiputados quieren además prohibir el uso de pesticidas químicos (excepto los autorizados para la agricultura ecológica y el control biológico) en zonas sensibles y dentro de una zona periférica de cinco metros, lo que afecta a todos los espacios verdes urbanos (incluidos parques, áreas de juego, áreas recreativas, caminos públicos), así como a los espacios Natura 2000.

Para hacerse a la idea de la zona de afección, la red Natura 2000 de la provincia de Palencia se aproxima a las 187.000 hectáreas, más del 23% del territorio, por lo que —incluidos los cinco metros de zona periférica—, la prohibición total de fitosanitarios químicos afectaría a una cuarta parte de la provincia; y en el resto habría que reducirlos a la mitad (el 65% en el caso de los de más riesgo) en el año 2030.

Según los eurodiputados de la comisión medioambiental, los países de la UE deben garantizar que los pesticidas químicos sólo se utilicen como último recurso, según establece el plan integral de plagas de la zona comunitaria.

Los eurodiputados reclaman a la Comisión que la UE fomente las ventas de pesticidas de bajo riesgo y evalúe metodologías para acelerar el proceso de autorizarlos, ya que los largos procedimientos actuales son un obstáculo importante para su implantación. La propia comisión reconoce que los cambios introducidos por las nuevas normas deberán ser graduales por el impacto que pueden tener en la soberanía alimentaria.

PRODUCTOS IMPORTADOS. Otra cuestión importante relacionada con este controvertido asunto es que la Comisión Europea debe examinar antes de diciembre de 2025 las diferencias en el uso de pesticidas en productos agrícolas y agroalimentarios importados en relación con los productos de la UE y, caso de ser necesario, proponer medidas para garantizar que las importaciones cumplan con los estándares equivalentes de la UE. Además, se prohibiría la exportación de pesticidas no aprobados en la UE.

El Parlamento Europeo ha reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de que la UE haga una transición hacia un uso más sostenible de los pesticidas y ha pedido a la Comisión Europea que proponga un objetivo «ambicioso y vinculante» a la UE para que reduzca su uso, en el marco de toda la serie de medidas destinadas a reducir la huella medioambiental del sistema alimentario europeo y de mitigar las supuestas pérdidas económicas debidas al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, ese planteamiento desatiende las demandas y las posturas del sector agropecuario comunitario, máxime ante la competencia de productos exteriores donde no se aplican, ni de lejos, las exigencias medioambientales de la UE.

UNAS REGLAS PARA TODOS. ASAJA siempre ha defendido que uno de los objetivos de la política exterior de la UE debe ser el acceso a los mercados internacionales de nuestros productos agroganaderos en legítima competencia y que, en lógica correspondencia, Europa debe abrir sus fronteras a países extracomunitarios, pero condicionado, por un lado, a que el mercado así lo demande (no por contraprestaciones meramente políticas) y, por otro, a que las mercancías importadas se produzcan, transformen y transporten con normas homologables con las más rigurosas de la UE, incluidos los requisitos de respeto al medio ambiente y al bienestar animal que se nos imponen a los profesionales agroganaderos del ámbito comunitario./