Ayuda asociada a la remolacha

La mayor superficie de siembra de remolacha que se ha producido en León y en otras provincias productoras de España conllevará una reducción importante en la ayuda asociada a la remolacha vinculada a las hectáreas que declara cada productor. En la zona de siembra de primavera, que incluye sobre todo a Castilla y León, pero  también a Álava, Rioja, Navarra y Aragón, el gran incremento de superficie se ha producido en Castilla y León, con unas 8.000 hectáreas. Como la cantidad global de la ayudas es fija para cada año,  de 14,3 millones de euros,  la mayor superficie de cultivo hará que se reduzca, de los 541 euros por hectárea que se cobraron en 2023, a una cifra todavía por determinar (al desconocer los datos de siembra de otras comunidades autónomas), pero que va a rondar los 400 euros por hectárea, lo que de ser así supone una  reducción del 26%. Y hay que recordar que en 2023 ya se cobró menos de lo que se prometió en el PEPAC debido a que se incrementó la superficie con respecto a 2022.  Esta reducción representa en la provincia de León pérdidas de 1,5 millones de euros.

Ayuda agroambiental

Tampoco pintan bien las cosas para las ayudas agroambientales vinculadas a este cultivo (ayuda a cultivos agroindustriales sostenibles), que tienen un importe fijo de 500 euros por hectárea. No peligra esta ayuda para los agricultores que tienen ya contrato firmado con la Junta de Castilla y León para cinco años por unas hectáreas determinadas, pero sí es incierta para los agricultores que han solicitado estas ayudas por vez primera en la convocatoria de mayo de 2024, y cuyos expedientes se instruyen en la actualidad.

El presupuesto de esta convocatoria de 2024, para estos nuevos cultivadores,  es de 5 millones de euros para cinco años, por lo tanto 1 millón cada año, lo que da para una superficie de 2.000 hectáreas. Según datos oficiosos la superficie para la que se ha pedido esta ayuda es de unas 4.000 hectáreas. Dado que según está la convocatoria, al no haber para todos, lo que se reduce es el número de beneficiarios y no la superficie que se aprueba a cada beneficiario, la conclusión es clara: si no aumentan presupuesto, a la mitad de los solicitantes le será denegada.

Conclusión

La reducción en las ayudas conlleva una caída de la rentabilidad del cultivo. Una decepción respecto a futuros ingresos.

Muchos contratos de Azucarera y de ACOR contemplan una rentabilidad fija para el productor, que tenía en cuenta un importe de ayudas de 1000 euros por hectárea. Si esta ayuda es menor, en buena lógica ambas empresas deberían de aumentar la aportación al productor por vía precio, para que se cumpla el compromiso económico.

ASAJA. León, 5 de julio de 2024.