La opinión de ASAJA

La Junta de Castilla y León ha oficializado un año más el inicio de la campaña de lucha contra los incendios forestales en nuestra región. No es nuestra misión enjuiciar la logística de dicha campaña y mucho menos valorar si se dispone de los suficientes medios humanos y materiales para afrontarla con éxito.

La actual fortaleza del euro con respecto al dólar está siendo nefasta para nuestro intereses agrícolas y ganaderos.

Quienes en su día idearon el pantano de Riaño, y quienes después ya en la etapa democrática socialista nos empeñamos en cerrar definitivamente dicha presa, no pudimos imaginar que el agua en él almacenada pudiera tener tantos destinos.

Desde que Loyola de Palacio dejó el Ministerio de Agricultura, no hay un titular de esta cartera que no se enfrente a la Comisión y en particular al comisario Fischler. Eso lo sabe bien el actual ministro Arias Cañete, que por elevación se sumó de inmediato a las críticas de las organizaciones agrarias contra la reforma de la PAC, que se presentó al Parlamento Europeo hace ahora un año.

Es un hecho incontestable que las gentes del campo de Castilla y León participamos masivamente en los comicios del 25 de mayo, y que votamos mayoritariamente al Partido Popular. Un voto en la misma línea que las últimas legislaturas, pero en esta ocasión sin ilusión, sin alegría por el triunfo de los que se supone los nuestros, sin esperar nada a cambio de tanta generosidad, y pretendiendo que no se interprete como un gesto de agradecimiento.

Estamos asistiendo de nuevo a un episodio de crispación que alcanza tintes políticos, con motivo del trasvase de agua del embalse de Riaño a la cuenca del Carrión. Lástima que queramos oponernos ahora a que lleve agua un canal, que no sirve para otra cosa más que para eso, que costó unos 15.000 millones de pesetas de los de entonces, y que no todos nos opusiésemos en su día al proyecto.

Defendemos desde ASAJA la necesidad de que la agricultura a tiempo total sea una actividad rentable, a la que se pueda dedicar un agricultor o ganadero sin necesidad de depender de otros ingresos.

Nunca nos cansaremos de denunciar la injusticia que se produce con los jubilados del campo, que después de toda una vida dedicada a duras labores mal pagadas y peor reconocidas, se les despacha con las pensiones más bajas del país. Y es que la pobreza también debe de ser el vivir al mes con los 351 euros que de media cobraron nuestros jubilados del campo el pasado año.

No hay duda de que la agricultura y la ganadería es una actividad empresarial y que como tal los ingresos no se perciben de forma fija ni sujetos a derechos laborales adquiridos, por eso en principio la fiesta del 1 de mayo, día de reivindicación de los derechos de la clase obrera, no parece que tenga mucho que ver con las gentes del campo.

La inauguración de las obras de acondicionamiento de las márgenes de los ríos Bernesga y Torío, a su paso por León capital, ejecutadas por la empresa pública Aguas del Duero con fondos de la Unión Europea, ha enfrentado al alcalde del PP y al concejal de la UPL, socio de gobierno, ya que este último se opone a que la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, aparezca por León en precampaña electoral. Hay que recordar que tales obras son las primeras de cuantas se ejecutan en la provincia contempladas en el Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001, obras que obviamente no tienen interés agrícola mayor que el disfrute que del ajardinado paseo van a hacer los agricultores jubilados, cada vez más, que viven en León.

Un seguro que cubra las contingencias de bajos precios de los productos agropecuarios es una de las históricas reivindicaciones de ASAJA. Estamos sujetos a un libre mercado donde el precio y las relaciones contractuales en su sentido más amplio los marca la parte compradora.

Si nada ni nadie lo impide, y sólo podría impedirlo la industria láctea, el próximo viernes 4 de abril ganaderos de toda la región nos manifestaremos frente a la empresa Pascual en Aranda de Duero reclamando un mejor precio para la leche y el derecho a negociar unas relaciones contractuales que ahora, sencillamente, impone la parte compradora