QUE SE ACLAREN Y QUE PAGUEN

El enfrentamiento entre la Junta y el ministerio de Agricultura echándose mutuamente las culpas sobre la responsabilidad en los retrasos de los pagos de las ayudas agrarias, no puede durar mucho tiempo.

QUE SE ACLAREN Y QUE PAGUEN
 
El enfrentamiento entre la  Junta y el ministerio de Agricultura  echándose mutuamente las culpas sobre la responsabilidad en los retrasos de los pagos de las ayudas agrarias, no puede durar mucho tiempo. Y digo esto porque se puede discutir en el campo de las ideas, se pude discrepar en cuestiones de eficacia en la gestión de lo público, se puede valorar de forma distinta una negociación en el marco de la política europea, se pueden admitir posicionamientos hasta dispares ante la promulgación de una nueva ley, pero lo que no se puede discutir por mucho tiempo son los números. Porque el enfrentamiento entre la Junta y el ministerio de Agricultura sobre la responsabilidad de que los agricultores y ganaderos no hayan cobrado las ayudas que le corresponden, se salda poniendo las cifras encima de la mesa, poniendo papeles y firmas de los interventores que liberan los fondos, y  la respuesta llega con una simple calculadora haciendo sumas y restas. A los ciudadanos, y muncho menos a los ciudadanos agricultores y ganaderos de Castilla y León, no nos interesan las luchas de poder en el seno de un partido político, no nos interesa la estrategia para que permanezca inmaculado un ministro que quiere ser comisario, ni nos interesa saber si el culpable es la administración central o la autonómica, sobre todo cuando ambas las gobiernan quienes tienen el mismo jefe. La cuestión es que deben un dinero que está destinado a la mejora de las explotaciones agrarias para que sean más viables y competitivas, un dinero que ha de genera riqueza y empleo y que ha de asegurar la pervivencia del medio rural, y es dinero no lo pagan.
 
Llegado a este extremo, es hora de que hablen los interventores, que son funcionarios no sujetos a la disciplina de los partidos, y que digan dónde está el dinero que se le debe al campo. Si los interventores no son capaces de resolver la papeleta, que se pida una inspección de la Comisión Europea para aclarar las cuentas, y que se aclaren. Y cuando se sepa todo lo que ha ocurrido, si alguien ha prevaricado que lo lleven al juzgado, y si simplemente cabe depurar responsabilidades políticas, espero de nuestros agricultores y ganaderos inteligencia suficiente para hacerlo cuando toquen elecciones, la primeras el próximo año, a las que según se dice, se presentará Arias Cañete.
 
Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Crónica del viernes 7 de junio de 2013.