POR MAL CAMINO NOS LLEVA LA JUNTA

Con preocupación desde el puesto que ocupo como presidente de ASAJA de Castilla y León observo las últimas actuaciones que desde la Junta se van teniendo con relación al mundo rural y al sector agrícola y ganadero.

Por mal camino nos lleva la Junta

Con preocupación desde el puesto que ocupo como presidente de ASAJA de Castilla y León observo las últimas actuaciones que desde la Junta se van teniendo con relación al mundo rural y al sector agrícola y ganadero. Me voy a referir principalmente a dos cuestiones muy significativas: la constitución del Observatorio Permanente del Estudio de la Evolución de la Población en Castilla y León, y las más reciente del Observatorio Industrial del Sector Agroalimentario. Dos cuestiones en las que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tiene mucho que decir, por lo que le considero el primer destinatario de este artículo.

Lo primero que le quiero decir, presidente, es que ustedes mismos, los políticos, manifiestan en reiteradas ocasiones que cuando se crea una comisión u observatorio es para «marear la perdiz», entretener a los ciudadanos y salir en la prensa, ya que raramente cuentan con capacidad para arreglar los problemas. No obstante, lo que más me llama la atención y más me reafirma en lo anteriormente expuesto es la composición de estos dos órganos. Así, el Observatorio de la Población, con el presidente de las Cortes al frente, cuenta con 17 procuradores de los grupos parlamentarios, 5 representantes de la Junta de Castilla y León y, ya en número menor, representantes de las organizaciones sindicales, empresariales y de la federación regional de municipios etc. En el último puesto se atribuye un representante a las organizaciones profesionales agrarias designado de común acuerdo por estas (como presidente de ASAJA, entiendo que cuando sólo hay un puesto será la organización mayoritaria). Sin embargo, sería de agradecer que también se apelara «al común acuerdo» en el debate institucional de las Cortes, y veamos cómo usted y el Sr. Villalba pactan propuestas que permitan mejorar las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, y en especial en lo referido al despoblamiento del mundo rural

También interpreto que con ese número excesivo de procuradores se pretende que nuestros representantes adquieran una mayor conciencia de los problemas de los pueblos de esta región, dado que en la mayoría de las ocasiones sólo les visitan cada cuatro años para pedir el voto.

Pero nos gustaría que reflexionara y comprobara que en la composición del observatorio quienes no están representados en número suficiente son precisamente aquellos que directamente sufren la despoblación: los agricultores y ganaderos, las pequeñas empresas familiares de la región, o esas pedanías o municipios de menos de cien habitantes que son los verdaderamente perjudicados. Es muy bonito hablar de despoblación desde los lugares que no la sufren, como las capitales de provincia o desde las cabeceras de comarca, preparando informes desde los despachos totalmente desvinculados de la realidad. «Consejos vendo, pero para mí no tengo», dice el refrán.

Si desde luego la constitución de este observatorio me ha producido como le dije indignación, sorpresa y rechazo, mucho más me produce la creación recientemente del Observatorio Industrial del Sector Agroalimentario. Porque ha sido la Consejería de Agricultura y Ganadería de esta región, es decir, la de los agricultores y ganaderos, la que ha olvidado nuestro sector. La interlocución con el sector al que se debe no es el fuerte de los responsables de esta Consejería, y una vez más intenta dejar fuera del debate a quien verdaderamente conoce y defiende los problemas del campo. No llego a entender cómo en una composición tan amplia –14 miembros, de los cuales el consejero es su presidente, seis por parte de la Junta, cuatro por Cecale y dos por cada los sindicatos CCOO y UGT– olvida a los verdaderos profesionales del sector. Agricultores y ganaderos son los que producen la materia prima, y además son titulares de la inmensa mayoría de las empresas transformadoras familiares, pequeñas y medianas, y no se entiende que un observatorio agroalimentario deje fuera a su primer pilar. También me llama la atención que mientras en la Ley de presupuestos de las cortes el incremento presupuestario para la subvención institucional de las OPAS o de las cámaras agrarias vaya a ser del 2 por ciento, se reparta a través de este observatorio 300.000 euros para Cecale y los dos sindicatos.

Me cuesta imaginar que un día se cree –y al ritmo de «observación» que vamos, sería muy posible– un observatorio para la calidad sanitaria sin que en su composición estén los médicos, un observatorio para la educación que excluya a los profesores, u otro sobre empresas automovilísticas sin UGT o CCOO. Entonces ¿cómo es que el presidente de la Junta permite que hablando de la agricultura y ganadería no sean los interlocutores o parte de ellos las OPAS?

No voy a ser yo quien pida responsabilidades, ejemplos hemos tenido anteriormente como el Sr. Fernando Moraleda o la Sra. Helena Caballero que nos han probado que cuando se pide un cese se consigue una patada hacia arriba. Pero sí le digo que los ciudadanos tienen la última palabra y la ejercen mediante las urnas cada cuatro años. Y en mi pueblo dicen que por mal camino a buen pueblo no se puede ir, y por el camino que la Junta ha tomado en estas dos decisiones parece muy difícil que se encuentren soluciones que den esperanza al medio rural y a la agricultura y la ganadería.

Valladolid, 5 de diciembre de 2006