OTRA ENGANCHADA

 

En la conferencia sectorial de Agricultura del mes de enero se acordaron los criterios de aplicación de la reforma de la PAC en España. El ministerio de Agricultura hizo muy pocas concesiones a los planteamientos de las comunidades autónomas, y quizás la más significativa, aunque a todas luces insuficiente, fue aceptar una definición de agricultor activo como condición necesaria para poder percibir fondos europeos. El ministro Arias Cañete pudo apuntarse un nuevo éxito al contentar a la mayoría de las regiones o al menos minimizar la voz de las que pudieran ser más críticas, pero ya aquel día del acuerdo algunos dijimos que uno de los mayores problemas era el recorte presupuestario que había planteado. Y es que, al llegar a casa, muchos representantes autonómicos se dieron cuenta que el recorte de veinte puntos porcentuales en la financiación nacional, por parte del Estado, suponía un dineral imposible de compensar con las maltrechas arcas autonómicas. Estamos hablando, en el caso de Castilla y León, de unos 60 millones de euros al año que el Estado deja de aportar para el Programa de Desarrollo Rural, unos fondos que dejará de percibir el sector si la Junta no lo asume como un mayor gasto.

 

De nuevo ha sido la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, la que ha encendido la mecha, y  lo ha hecho por dos razones que la diferencian de la mayoría de otros paniaguados colegas del resto de autonomías que gobierna su partido político: el conocimiento del problema por haberlo detectado a tiempo su equipo, y la responsabilidad de denunciarlo por encima de la conveniencia política y la disciplina de partido. Ahora se abre un proceso, complicado sin duda, para obligar al Gobierno a asumir sus responsabilidades, y sus responsabilidades en este caso pasan por compartir con la Junta, al cincuenta por  ciento, la financiación de los programas del desarrollo rural que se presenten a Bruselas. Y en esta nueva batalla entre el Estado y la Comunidad, el ejercicio de responsabilidad pasa por cerrar filas y ponernos de parte de quién tiene la razón.

 

Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 14 de febrero de 2014.