Fulgencio y Mauricio nos recordaban el pasado martes, en su espacio “a la contra” de este periódico, las dos manifestaciones que se celebraron el 18 de enero de 1987, una a favor del cierre del pantano de Riaño y otra en contra. Me permito matizarles que en la de los que estábamos a favor se llenaron las calles de León y se firmó un manifiesto que estaba apoyado por el PSOE, Alianza Popular, Junta de Castilla y León, Diputación de León -Alberto Pérez Ruíz fue un valiente-, ayuntamientos, juntas vecinales, y las organizaciones agrarias UCL y Jóvenes Agricultores. La de los que estaban en contra, se celebró por la tarde, y es importante el matiz de que fue en Madrid, donde de las quinientas personas que recogió la prensa de entonces, supongo que hubo más madrileños que leoneses, y las figuras más destacadas fueron Gerardo Iglesias y Ramón Tamames, del Partido Comunista como algunos recordarán. Los que se oponían al cierre del pantano elaboraron también un manifiesto que firmaron un grupo de intelectuales – que no todos lo eran-, así como el alcalde Juan Morano. Hasta no hace mucho tiempo entiendo que muchos leoneses se preguntaran para qué sirvió esa inversión, ese coste medioambiental y ese desarraigo, pero a día de hoya hay datos más que suficientes para afirmar que fue una decisión valiente y acertada, pues hoy este pantano, cuando está a punto de completarse el desarrollo de la zona regable, es la principal “industria” de la provincia, con un volumen de facturación, tan solo en el sector primario, de 245 millones de euros anuales. Dicho de otra manera, el pantano permite una vida digna a unos mil agricultores y ganaderos leoneses que la mayoría viven en los pueblos, que compran en las cabeceras de comarcas, que contratan servicios en sus explotaciones agropecuarias, que hacen naves, que mandan instalar modernos sistemas de riego, que compran maquinaria, que consumen carburantes y electricidad, que atraen industria alimentaria que a su vez genera empleo, que piden financiación a los bancos, que pagan impuestos, y que construyen viviendas o las compran en la ciudad. Que funcionan.
*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 12 de marzo de 2021