El proyecto del Plan Hidrológico del Duero, que obtuvo el rechazo mayoritario del Consejo del Agua de la Cuenca del Duero, y del que no se ha vuelto a saber nada pero que podríamos encontrarnos con la sorpresa de que cualquier martes se apruebe en Consejo de Ministros, prevé la obligación de los agricultores de dejar unas franjas o márgenes entre la parcela agrícola y los cauces de agua, en los que se van a establecer una serie de limitaciones. Limitaciones como la de no abonar en esa superficie, la de no aplicar tratamientos fitosanitarios, o sencillamente la de no cultivar, y esto que se impone como una medida para mejorar la calidad de las aguas, y por extensión del medio ambiente, supone toda una restricción para el agricultor que verá devaluada su propiedad y mermada su cosecha. Esta directriz marcada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha llevado, por parte de dicho ministerio, al Plan Estratégico de la PAC para España, y forma parte de las obligaciones fijadas en la denominada “condicionalidad reforzada”. Esta medida es sin duda una de las que traerá de cabeza a los profesionales del campo en los próximos años, unos profesionales a los que de una manera u otra se le está expropiando parte de sus tierras, sin nada a cambio, al no dejarles hacer el uso propio de lo que es una tierra de cultivo, que es el cultivarla. Quién no lleve a cabo esta media corre el riesgo  de ser sancionado por la Ley de Aguas y de ser sancionado por las normas de condicionalidad de la PAC, por lo tanto una doble sanción. Ahora queda que las autoridades en la materia, las que imponen las normas y las que van a encargarse de hacerlas cumplir, determinen cuáles son los cauces de agua a los que se obligará a los agricultores y ganaderos a establecer esas franjas de protección, y después habrá que ver cuánto dinero le cuestan al sector estas ocurrencias administrativas. Porque hoy, para proteger las aguas, no hay que mirar tanto a los agricultores y a los ganaderos, hay que mirar a las cloacas de las ciudades.

*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 18 de noviembre de 2022.