Fundación Caja Rural de León, ITV tractores, fabricación de piensos, AMI remolacha, multa porque el mastín defecó y censo de ovino-caprino
-
La Fundación Caja Rural de León ha convocado diez ayudas sociales de estudios universitarios para el curso actual 2018/2019. El plazo de solicitudes estará abierto desde el 1 de febrero al 8 de marzo. Las bases de la convocatoria se pueden retirar en la sede de la fundación, en Calle Arquitecto Torbado número 3, 2º E de la capital leonesa, en horario de 10 a 14 horas.
-
La nueva normativa de la ITV obliga a pasar la revisión a los cuatro años para los tractores que superen la velocidad de 40 kilómetros por hora. Tras la primera ITV estos tractores deberán someterse a una inspección cada dos años hasta que cumplan los 16 de antigüedad, y cada año a partir de ese momento. El resto de tractores continuarán pasando la ITV a los 8 años.
-
Los fabricantes de piensos compuestos han pedido a la Administración que facilite la utilización de los descartes de la pesca en la fabricación de piensos para animales, lo que fomentaría la economía circular al ser una importante fuente de proteína. Se trata de pesca no deseada o capturas que no reúnen los requisitos para su comercialización para el consumo humano, que antes se tiraban por la borda y que ahora necesariamente han de llegar a puerto y se han de reciclar o destruir por algún procedimiento legal.
-
Las organizaciones agrarias firmante del Acuerdo Marco Interprofesional Remolachero han solicitado la convocatoria urgente de la Mesa Nacional, con el objetivo de llegar a una negociación consensuada de la contratación 2018/2020, y de no ser posible pedirán el inicio del procedimiento de arbitraje por la ruptura unilateral de Azucarera del AMI en vigor, que incumple lo pactado para la última campaña de vigencia de este acuerdo.
-
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha resuelto un recurso de alzada interpuesto por un ganadero leonés y le ha condenado a pagar una multa de 50 euros porque el mastín defecó en una calle del pueblo y el ganadero no procedió a retirar el excremento. Los hechos figuran en una denuncia del Seprona que, en buena lógica, se debería de haber trasladado al ayuntamiento, que es la administración con competencias al respecto. El ganadero ha decidió pagar antes que defender sus intereses en los juzgados ante lo que parece una arbitrariedad de la consejera Milagros Marcos.
-
Una vez que la administración ha actualizado el censo de ovino y caprino con la identificación individual de cada una de las cabezas presentes en la explotación, el ganadero ha de dar las bajas individualizadas por cada animal que sale de dicha explotación, bien por venta a matadero u otra explotación, o si se trata de un cadáver gestionado por Rebisa o una baja ocasionada por el lobo. Para esta comunicación hay un plazo de 7 días.