La visita del Presidente de la Junta de Castilla y León a la Azucarera de La Bañeza no puede significar un apoyo del ejecutivo autonómico a los planes de AB Azucarera, una empresa inmersa en un contencioso con el sector productor por incumplimiento de los acuerdos interprofesionales, y que debido a su política de precios está provocando caídas de siembras cada año, significando la de este, según datos de ASAJA, no menos de un 8%. Todo parece indicar que este año la molturación de remolacha en la fábrica de La Bañeza no alcanzará la pírrica cifra de 300.000 toneladas. 
El comunicado de prensa del Gobierno regional, emitido en el día de hoy, obvia el conflicto con los remolacheros, obvia el declive en el que ha entrado el sector, y por el contrario parece respaldar la política industrial de AB Azucarera en Castilla y León. Se insiste demasiado en la política de subvenciones, cuando lo que quieren los remolacheros es defender un precio rentable por el cultivo de la remolacha, no como ahora que, ante la falta de rentabilidad al facturar el producto, hay que destinar ingentes cantidades de dinero público que se detraen de otros subsectores agrarios. Cada euro que llega al sector remolachero por encima del que se destina a otros productos agrarios, se le está detrayendo a estos últimos. 
El presidente Mañueco visitó la Azucarera en plena campaña de contratación y con la remolacha sembrada y nacida, y tanto él como la dirección de la empresa obviaron que por primera vez en la historia se hace una contratación sin un acuerdo interprofesional que marque el precio y otras relaciones contractuales. El sector, que hasta ahora era el más organizado, ya no tiene nada de qué presumir respecto al resto. 
No es la primera vez que Mañueco respalda a empresas de trayectoria poco honesta o incluso delictiva. Recientemente visitó la empresa Leche Pascual para agradecerle su compromiso con Castilla y León, pero no recordó que visitaba una empresa sancionada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por formar un cártel que pactaba precios para pagar menos al ganadero, y a la que ahora le están lloviendo demandas judiciales de miles de ganaderos de Castilla y León y del resto de España.
 
León, 27 de mayo de 2020.