Las organizaciones profesionales agrarias de la provincia de León COAG, ASAJA y UGAL-UPA, ante la campaña de solicitud de ayudas de la PAC (Solicitud Única 2006), se dirigen al Delegado de la Junta de Castilla y León en León y,
MANIFIESTO DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE LA PROVINCIA DE LEON CON RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS DE LA PAC
Las organizaciones profesionales agrarias de la provincia de León COAG, ASAJA y UGAL-UPA, ante la campaña de solicitud de ayudas de la PAC (Solicitud Única 2006), se dirigen al Delegado de la Junta de Castilla y León en León y,
MANIFIESTAN:
Que como organizaciones agrarias prestan servicio de asesoramiento y tramitación de las ayudas de la PAC (ayudas de pago único o sistema integrado) a los agricultores y ganaderos asociados, prestando en este sentido un servicio de colaboración a la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Que en la actual campaña la tramitación de estas ayudas tiene una especial complejidad, que se suma a la ya habitual de otros años. Así, se añade la novedad de solicitar las ayudas de pago único, activar los derechos de pago único, reasignación de derechos provisionales de pago único, y alegaciones a Sigpac si es el caso. Además, en próximas fechas se comunicarán los derechos de papo único generados con el cultivo de la remolacha, que habrá que incorporar también a la solicitud.
Que en la provincia de León todo el proceso de tramitación de las ayudas reviste una complejidad añadida derivada de: elevado número de explotaciones, edad avanzada de muchos titulares a los que le ha sido más difícil adaptarse a la burocracia del sistema, la excesiva parcelación de las explotaciones, la diversidad de cultivos y explotaciones ganaderas, los cambios en amplias áreas afectadas por procesos de concentración parcelaria y las adjudicaciones de superficies de terrenos comunales.
Que la Junta de Castilla y León nunca ha reconocido la labor de las organizaciones agrarias en la prestación de este tipo de servicios, y por el contrario ha confiado en la gestión de las entidades financieras que operan en la región. Sin embargo, en los últimos años las organizaciones agrarias se han ido cargando de trabajo y responsabilidad a la vez que las entidades financieras se han ido apartando de un servicio que le es caro, arriesgado por la responsabilidad que conlleva, para el que no están preparadas, y que por la captación de pasivo o clientes ya no es tan rentable como antes.
Que la Administración no tramita estas ayudas a los agricultores y ganaderos, limitándose los funcionarios a informar en la medida de sus posibilidades y recoger los expedientes.
Que la Administración ha incumplido, particularmente este año, todos los plazos. Así, cuando el plazo inicial para tramitar estas ayudas finalizaba el 10 de marzo, hoy día 23 de marzo los programas informáticos no están en funcionamiento (si por funcionamiento se entiende confeccionar el expediente, imprimirlo y enviarlo a la Junta), todo cuando el plazo ampliado finaliza el 28 de abril y hay que contar con el periodo no hábil de Semana Santa.
Que las organizaciones agrarias vienen realizando un esfuerzo ímprobo poniendo todos los medios humanos y materiales posibles para llevar a cabo la labor de información, asesoramiento y tramitación de los expediente de la PAC. Todo sin recibir de la administración ni reconocimiento a la labor realizada ni mucho menos financiación y medios para desempeñar el trabajo.
Que el proceso de reasignación de derechos de pago único que se llevó a cabo el pasado verano, al amparo de la Orden AYG/671/2005, cuyos expedientes se tramitaron mayoritariamente en las organizaciones agrarias, ha sido un auténtico fracaso a la hora de resolverlos por parte de la Junta, ya que elevado número de expedientes no se han resuelto cuando reunían todos los requisitos para ello. Esto ha supuesto un importante trastorno tanto para el administrado como para las organizaciones que los tramitaron, y está retrasando todo el proceso de tramitación de las ayudas de la PAC.
Que es imprescindible que la Administración destine en sus unidades periféricas a los funcionarios a tramitar expedientes, ocupando al menos el hueco que hasta ahora cubrían las entidades financieras.
Que es imprescindible una ampliación de plazo al menos hasta mediados de mayo que permite la Unión Europea, e incluso solicitar a Bruselas un plazo adicional, ya que de lo contrario se quedarán agricultores y ganaderos sin solicitar su ayuda, o se solicitarán sin garantías de haberlo hecho correctamente. No hay que olvidar que cualquier error que se produzca conlleva por lo general pérdida de derechos y/o pérdida de ayuda, así como penalizaciones importantes que pueden suponer exclusión del pago para el año en cuestión e incluso para tres años.
Que la Consejería tendría que disponer de un programa informático propio, ágil para la tramitación del expediente, y que estuviese a disposición de entidades colaboradoras. El programa actual que elabora SAICAR es un programa que funciona con gran lentitud, entre otros defectos, lo que obliga a muchas organizaciones a proveerse de otros que hay en el mercado, con el consiguiente coste para la organización. Todos los programas que se manejan este año, por la complejidad de los mismos, han obligado a la renovación de los equipos informáticos y a conexiones en todas las oficinas a redes de alta velocidad allí donde las tienen las compañías de telefonía.
Que tanto cara a ésta campaña como a las sucesivas, la Administración ha de potenciar los servicios periféricos dotando las SAC, Unidades Veterinarias y UDAS de medios técnicos y humanos necesarios para asesorar, tramitar expedientes y resolver dudas a los administrados, así como dotar el Servicio Territorial de un departamento o sección que trabaje de forma exclusiva y directa al servicio de organizaciones agrarias y otras entidades colaboradoras de la Consejería. Se hecha en falta también una mayor coordinación de las SAC entre sí, de estas con las secciones y servicios de ayudas, y del Servicio Territorial en su conjunto con los servicios centrales de la Consejería en Valladolid. Esta descoordinación es aún más manifiesta cuando se están derivando trabajos al Instituto Tecnológico Agrario (ITA) o empresas subcontratadas. Detectamos también falta de formación o cualificación suficiente en personal contratado que se destina a tareas importantes, de gran trascendencia para los intereses de los agricultores y ganaderos
En León, a 23 de marzo de 2006.
F
do: Juan Antonio Rodríguez Fdo: José Antonio Turrado Fdo: Matías Llorente
COAG LEON ASAJA UGAL-UPA
