LOS LIBROS DE TEXTO

Los libros de texto son una carga económica para miles y miles de familias que se enfrenta en estos días a un desembolso económico que, sumado a otros que trae consigo el inicio de un curso escolar, desequilibran, y de qué manera, las cuentas domésticas. Tanto para quienes pueden de forma holgada como para quienes tienen dificultades serias para llegar a fin de mes, es un gasto que se hace con la satisfacción de que servirá para encauzar a nuestros hijos en su futuro personal y profesional. Los libros de texto son  bien de primera necesidad y de eso se valen las editoriales para ponerle precios prohibitivos, y lo que es peor, cambiar cada año, aunque nada mas sea el formato, para que no se puedan intercambiar entre miembros de la familia y allegados. Las editoriales, con la convivencia de las administraciones competentes, en este caso de la Junta de Castilla y León, y de una parte de la comunidad educativa, imponen unas reglas que se traducen en limitar la vida útil de los libros a un único curso escolar, obligando a pasar por mostrador en cada septiembre comprando todo nuevo. Aquí no sirve el reciclar, como muchos se recicla el papel, pero no las letras, que se supone que es lo que tiene valor.  Es increíble que la sociedad civil no haya conseguido plantar cara al gobierno de turno para que deje de otorgar tantos privilegios a las editoriales, que van en contra de las economías de millones de padres y madres de familia que tienen que apretarse el cinturón varias veces para afrontar los gastos del inicio de cada curso académico. Es increíble el efecto lobista de estas grandes empresas que hacen negocio con la formación de los jóvenes que se preparan para sacar adelante un país el día que estén en la edad de trabajar. Es vergonzoso que los libros, que tanto sacrificio ha costado comprarlos, se conviertan en un objeto inútil al terminar junio y los haya que reemplazar por otros nuevos, en septiembre, a sabiendas que el contenido es el mismo. Porque aceptar esto como normal es incompatible con reconocer el esfuerzo que el Estado hace en educación, y es incompatible con aceptar los recortes que se producen en esta materia bajo el pretexto de la necesidad de ahorro en el gasto público.