LA LEY DE REPRESENTATIVIDAD AGRARIA SE ALEJA DEL MODELO DE AGRICULTURA PROFESIONAL QUE DEFIENDE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN

 

ASAJA de Castilla y León ha cuestionado “tanto la oportunidad como el contenido” del proyecto de Ley de Representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que ha recibido el Consejo de ministros de hoy viernes. La nueva norma, que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha defendido desde el inicio de esta legislatura como una apuesta personal, “se aleja todo lo que puede del modelo de agricultura profesional, que es el que ASAJA de Castilla y León defiende”.

 

Otro error en el que se incide en el articulado del proyecto de Ley es en establecer un número mínimo de urnas por provincia, “dando escasas facilidades para votar a los que se supone que tienen que hacerlo, los agricultores y ganaderos, que residen en los numerosos núcleos de población que se reparten por nuestro extenso territorio”, subraya ASAJA, que augura “una abstención muy importante si se mantienen estas condiciones en los comicios”.

 

Además, la normativa fraguada por el equipo de Arias Cañete “pasa deliberadamente por alto que en comunidades como Castilla y León ya se han celebrado desde 1997 cinco elecciones en el campo, la más reciente en diciembre de 2012”. Unos procesos electorales que han otorgado unos resultados claros y corroborados por todo el sector, por lo que ASAJA pide que estos datos se extrapolen y se consideren válidos para medir la representatividad agraria en nuestra Comunidad Autónoma. “En tiempos como estos más que nunca han que apelar al sentido común y a la austeridad, y no parece razonable que el ministerio nos empuje a celebrar un proceso electoral que es caro y para el que no está prevista ninguna financiación pública, obligando a que se deteriore la economía de las organizaciones de agricultores y ganaderos”, indica ASAJA.

 

Para la OPA, la Ley de representatividad “da la impresión de que nace para rellenar una legislatura marcada por el cada vez más escaso presupuesto del ministerio de Agricultura, que le impide efectuar una política realmente activa e inversora en el campo. Entre lo que dispone Bruselas y la ejecución, en manos de las Comunidades Autónomas, el ministerio se ha ido quedando sin competencias y sin presupuesto, y ahora, con las arcas vacías, viene a ordenar un patio en el que poco manda”.