Se acaba de aprobar por el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos que afectará a aproximadamente un sesenta por ciento de la superficie agraria útil de la provincia
LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS
ES UN FRAUDE ELECTORAL.
Se acaba de aprobar por el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos que afectará a aproximadamente un sesenta por ciento de la superficie agraria útil de la provincia, que está en régimen de arrendamiento, y a la totalidad de los profesionales del sector que, salvo alguna excepción, tienen que depender de fincas de otros en su explotación. Una Ley que se presentó como borrador de consulta en el mes de mayo y que se va a aprobar en un tiempo record sin sufrir modificación sustancial alguna, y sin haber escuchado y tenido en cuenta la opinión del sector a través de las organizaciones agrarias.
No voy a insistir en las críticas que con anterioridad hemos hecho a este texto jurídico que es un auténtico atentado contra los intereses de los arrendatarios de fincas rústicas, a los que deja literalmente en la calle, conculcándoles todos sus derechos para ofrecérselos en bandeja a los propietarios de las mismas. Esta maniobra es posible hacerla ahora que hay más propietarios que agricultores y electoralmente se saca tajada, y no lo era posible hace unos años cuando se daba la situación inversa y el voto del campo podía ser decisivo a la hora decidir un gobierno. Y esto ha sido posible por la escasa repercusión pública que tienen ya las cuestiones agrarias, y no es posible hacer algo similar respecto al a Ley de Arrendamientos Urbanos, que reconoce y seguirá reconociendo a los inquilinos de los pisos derechos que se conculcan a los inquilinos de las tierras.
A estas alturas, y después del transcurrir de los acontecimientos, votante o no del Partido Popular, pero sin duda más simpatizante de estos que de los otros, tengo que decir claramente que se ha producido un fraude electoral en toda regla, pues asunto tan importante no figuraba en el programa electoral o «contrato», con el que el partido del Gobierno concurrió a las elecciones. La Ley surge a iniciativa de un Gobierno con un ministro de Agricultura que tiene claro que no gobierna para toda España, y que sus amigos e intereses son lo primero y que todo lo demás viene después. Y los diputados y senadores de esta circunscripción, que con su voto han perjudicado económicamente al sector agrario de la provincia, ni han dado explicaciones ni han consultado con el sector sobre esta Ley, y posiblemente no hayan tan siquiera sido conscientes de qué era lo que aprobaban. Claro que al día de hoy se salvan los senadores, pero es sólo cuestión de días para ver que se repite la misma escena.
Algo parecido a esto estuvo a punto de pasar con el borrador de texto que conformará la Ley Básica de la Agricultura que se presentó a las organizaciones agrarias a primeros de agosto. De nuevo una barbaridad con la que Arias Cañete pretende pasar a la historia, pero en este caso parece que las cosas se van a hacer mejor. El ministro ha dicho que el texto no irá al Consejo de Ministros, y que formará parte del programa electoral del Partido Popular para las elecciones de marzo. Esto está mucho mejor, pues así podemos decidir con nuestros votos sobre la política que queremos, y siempre podremos, como le dijo Aznar a Zapatero el miércoles en el Congreso, encargarnos algunos de recordarlo.
Los diputados del Partido Popular por León que votaron el texto de la Ley de Arrendamientos tienen nombres y apellidos, y nombre y apellido tienen los senadores que lo harán en fechas próximas, y tendrán que ir por los pueblos paseando su vergüenza. ¿ O ya no van por los pueblos?.
León, 3 de octubre de 2003
José Antonio Turrado Fdez.
Secretario General de ASAJA de León.
