La organización agraria ASAJA ha constatado que la Agencia de Información y Control Alimentarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está mandando cartas a viticultores del Bierzo para recabar información sobre cómo se llevaron a cabo las relaciones contractuales entre viticultores y bodegas en la pasada campaña de recolección de uva.
LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIO ESTÁ RECABANDO DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE UVA EN EL BIERZO PARA COMPROBAR QUE SE CUMPLE LA LEY
La organización agraria ASAJA ha constatado que la Agencia de Información y Control Alimentarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está mandando cartas a viticultores del Bierzo para recabar información sobre cómo se llevaron a cabo las relaciones contractuales entre viticultores y bodegas en la pasada campaña de recolección de uva. El director de la Agencia, José Miguel Herrero Velasco, recuerda en su misiva que desde la entrada en vigor de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, los viticultores y bodegas deben de cumplir con lo establecido en dicha Ley en materia de contratación alimentaria.
La AICA está comprobando en el Bierzo, dentro de su campaña dirigida al sector vitivinícola, que se ha cumplido la obligación de firmar contratos por escrito entre agricultores y bodegas, previos a la entrega de la uva, cuando la operación supere los 2.500 euros (excluye a las cooperativas en la relación con sus socios); que en los contratos figure un precio determinable o determinado; y que se hayan respetado los plazos de pago contemplados en la Ley de Morosidad.
El Director de la AICA recuerda a los productores del Bierzo que en los casos en los que las entregas de uva se hubieran hecho sin contrato, la infracción que se derive recaerá sobre la parte que no actúe como productor primario, es decir, recaerá en la bodega. Aun así, el productor incurre en infracción en materia de contratación alimentaria si se niega a suministrar la información que ahora le es requerida, y para la que le dan un plazo de 10 días.
ASAJA considera que esta medida de exigir contratos y controlar las fechas de pago es muy positiva, y en un corto plazo se ha de extender a todos los productos alimentarios. El papel de la AICA, como organismo inspector y sancionador, será determinante para que se aplique una ley pionera en Europa que no pretende otra cosa que la trasparencia en unas relaciones comerciales donde el sector primario es la parte más débil de la cadena.
Ponferrada, 18 de noviembre de 2015.
