La organización agraria ASAJA comparte en su totalidad las reivindicaciones de los cultivadores de tabaco de Cacabelos, que hoy se manifiestan exigiendo que las ayudas al cultivo estén desacopladas totalmente de la producción, en sintonía con la nueva política agrícola común (PAC).
EL GOBIERNO METE LA MANO EN EL BOLSILLO DE LOS TABAQUEROS BERCIANOS
La organización agraria ASAJA comparte en su totalidad las reivindicaciones de los cultivadores de tabaco de Cacabelos, que hoy se manifiestan exigiendo que las ayudas al cultivo estén desacopladas totalmente de la producción, en sintonía con la nueva política agrícola común (PAC). Esta postura, que es la única sensata, se ha venido defendiendo con sólidos argumentos desde ASAJA, una vez aprobada la reforma de la PAC en 2003, para todos los cultivos y producciones ganaderas, incluida por supuesto la reforma del sector remolachero azucarero que está tan de actualidad en estos momentos.
El cultivo del tabaco en el Bierzo no tiene viabilidad alguna, con ayudas o sin ellas, por lo que en un corto plazo de tiempo está abocado a desaparecer. Ello se debe al tipo de variedades cultivadas, el tamaño minifundista de las explotaciones, la avanzada edad de los cultivadores sin relevo generacional, los bajos precios internacionales junto a la caída del consumo y la falta de estructuras de comercialización y transformación en manos del sector. Por ello, es lógico que los cultivadores, que saben que van a tener que dejar las explotaciones, quieran poder acogerse a todas las ayudas que en su día aprobó Bruselas, y que no quieran permitir recortes aprobados por el Gobierno español que le supondrán una pérdida de renta y por tanto una reestructuración más traumática. De la decisión del Gobierno dependerá que quienes han cultivado tabaco toda su vida y ahora no podrán hacerlo, dejen el sector de una forma más o menos traumática.
El Bierzo, comarca acostumbrada a la reconversión minera, tiene que ser solidaria con estos cultivadores que estando en un proceso de reconversión irreversible, no sólo el Gobierno no les da un euro, sino que pretende quitarles las ayudas legítimas que en su día aprobó la Unión Europea para este colectivo.
León, 27 de octubre de 2005.
