La noticia agraria de la semana ha sido la decisión de la Junta de Castilla y León de suprimir toda financiación pública a la Cámara Agraria, una corporación de derecho público creada a finales del siglo XIX. Si el presidente de la institución ha calificado la decisión como de cobarde, yo añado que además ha sido mezquina y que supone un borrón en la hoja de servicios de Silvia Clemente al frente de la consejería de Agricultura.
EL BORRÓN DE SILVIA CLEMENTE
La noticia agraria de la semana ha sido la decisión de la Junta de Castilla y León de suprimir toda financiación pública a la Cámara Agraria, una corporación de derecho público creada a finales del siglo XIX. Si el presidente de la institución ha calificado la decisión como de cobarde, yo añado que además ha sido mezquina y que supone un borrón en la hoja de servicios de Silvia Clemente al frente de la consejería de Agricultura. La decisión se ha despachado con una carta del director general de Producción Agropecuaria utilizando pretextos de mal pagador, se ha saltado la soberanía del poder legislativo que consignó la partida en la Ley de Presupuestos, y ha prescindido de la consulta con las organizaciones que unánimemente la critican. Y al final, lo que pone de manifiesto la Consejera con esta decisión, es que nunca ha creído en el papel de las cámaras agrarias, y lo que es peor, no ha creído en la labor que están desarrollando las juntas agropecuarias locales en la administración de los recursos agropecuarios y la utilización en común de bienes y servicios agrarios.
Cuando se le llena la boca a la Consejera con su política de recortes, que por cierto no aplica al capítulo 1 ni al 2 de sus presupuestos, hay que poner en su justo término lo que el gobierno regional estaba aportando a la Cámara Agraria de León: setenta y cinco mil euros al año. Estamos hablando de un presupuesto de supervivencia con el que se estaban haciendo casi milagros a base de una gestión austera y eficaz. Y conviene decir que, con ese presupuesto, la Cámara Agraria de León es la única que hoy dispone de saldos positivos en sus cuentas y la única que no ha hipotecado ni enajenado patrimonio. Ante esta situación, no cabe abandonar el barco y dejar de dar servicios a las juntas agropecuarias locales y a la lonja de precios que se reúne y cotiza todas las semanas del año. El sector agrario, que tiene que estar por encima de los caprichos de algunos dirigentes políticos, sabrá salir adelante con sus propios medios y con la colaboración de otras administraciones más cercanas, como la Diputación, que han dado muestras más que sobradas de sensibilidad y cercanía para con las cuestiones agrarias.
Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 13 de junio de 2014.
