Contratos agrarios

Una carta enviada estos días por la Agencia de Información y Control Alimentarios a viticultores leoneses, recuerda la obligatoriedad de cumplir cuanto establece la  Ley de funcionamiento de la cadena alimentaria en las relaciones entre productores e industria compradora. Estos controles se están haciendo, en el caso de la provincia de León, en el sector lácteo y en el vitivinícola, pero es de esperar y desear que más pronto que tarde se extiendan a todo el sistema agroalimentario, abarcando el cárnico, el de los cereales o el de las frutas y hortalizas. Esta Ley pionera en Europa, que tanto costó que se aprobara salvando escollos competenciales, está pensada para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, siendo de aplicación en las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la misma. Y para velara que la Ley se cumpla, es para lo que está la Agencia de Información y Control Alimentario, un organismo dependiente del ministerio de Agricultura con capacidad sancionadora. La obligación que establece la Ley de formalizar contratos por escrito entre productor y comprador es todo un revolucionario cambio en el modelo comercial agrario de nuestro país, donde la industria se lleva la mercancía sin precio y condiciones, y la paga cuando quiere si, como ocurre en la mayoría de los casos, la competencia no le obliga a lo contrario. Pero es más, la AICA tiene más funciones  y competencias que está ejerciendo, como es el comprobar que se cumple con la Ley de Morosidad y que por tanto los productos adquiridos se pagan en los plazos legales, que en el caso de los productos perecederos, que son la mayoría de los agroalimentarios, no puede exceder de treinta días. Y otro control más, el que impone Hacienda prohibiendo pagos en metálico por encima de los 2.500 euros. Estamos pues ante un nuevo modelo de relaciones entre el sector primario de la agricultura y la ganadería y la industria que compra y transforma los productos. Es de desear que en breve plazo todas las operaciones sean más transparentes, y si es posible que se consiga sin sanciones.