ASAJA propondrá mañana al Consejo Regional Agrario, ente consultivo principal entre el sector y la Junta de Castilla y León, una tabla de medidas que las administraciones han de poner en marcha para proteger y blindar unos mínimos de supervivencia para el sector agroganadero ante una sequía sin precedentes.
ASAJA PROPONE UNA TABLA DE MEDIDAS QUE PROTEJAN Y BLINDEN UNOS MÍNIMOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL SECTOR ANTE UNA SEQUÍA SIN PRECEDENTES
ASAJA propondrá mañana al Consejo Regional Agrario, ente consultivo principal entre el sector y la Junta de Castilla y León, una tabla de medidas que las administraciones han de poner en marcha para proteger y blindar unos mínimos de supervivencia para el sector agroganadero ante una sequía sin precedentes.
Transcurridos dos tercios de la campaña de secano, hundido el regadío por la imposibilidad de sembrar en muchas zonas, y con el pasto ya agostado, ya es un hecho que habrá daños y pérdidas en la práctica totalidad de las 72.000 explotaciones de Castilla y León. “Problemas excepcionales exigen medidas excepcionales”, subraya ASAJA, que pide que las administraciones “den la talla y actúen con responsabilidad y urgencia para proteger al sector en un momento crítico”.
En total son 12 medidas, para cuyo cumplimiento es precisa la colaboración, como no podría ser de otra forma, de la Consejería de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Agricultura, por que tras la celebración del Consejo Regional Agrario el siguiente paso de ASAJA será transmitir la tabla reivindicativa al departamento de Isabel García Tejerina.
Por otro lado, la organización profesional agraria considera que hay que convocar sin dilación a los nueve consejos agrarios provinciales y comisiones de estadística, para que se analice pormenorizadamente la situación atendiendo a los datos disponibles en cada comarca y poder actuar en consecuencia.
TABLA PARA PALIAR LOS DAÑOS DE LA SEQUÍA:
1. Ayuda de “minimis”, en los importes permitidos por los reglamentos comunitarios (que marcan hasta 15.000 € por explotación), para los agricultores profesionales cotizantes a la Seguridad Social. Las ayudas de ‘minimis’ las autoriza Bruselas “para reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional”, situación coincidente al cien por cien con la sequía de la campaña actual. ASAJA propone que esta ayuda se cofinancie entre la administración del Estado y la Junta de Castilla y León.
2. Consignación de una partida bianual en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2017, de 100 millones de euros, destinados a préstamos subvencionados, a siete años, con dos de carencia, mediante convenios con la banca privada.
3. Reducciones fiscales tanto para los agricultores que tributan por módulos como para los que tributan por estimación directa.
4. Exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social
5. Aplazamiento del pago a los regantes tanto de la tarifa de riego como del canon de regulación, correspondiente a la campaña 2017.
6. Exoneración del pago de todas las tasas que cobra la Confederación Hidrográfica del Duero, durante el año 2017.
7. Exoneración del pago de tasas por servicios agroganaderos durante los años 2017 y 2018.
8. Compromiso de anticipar todas las ayudas de la PAC, a todos los agricultores y ganaderos, en la segunda quincena del mes de octubre.
9. Modificar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el ‘pago verde’ y las medidas agroambientales.
10. Exonerar del cumplimiento del plan de cultivos a los agricultores sujetos a compromisos por ser beneficiarios de un plan de incorporación y mejora de las explotaciones.
11. Mejoras en el seguro agrario y mayor dotación presupuestaria destinada a subvencionar los costes de las primas. Compromiso de restituir las ayudas al seguro agrario hasta los niveles anteriores a la crisis, y su descuento directamente en la póliza.
12. Comprometerse con un plan de modernización de regadíos que dé un impulso definitivo a la modernización de los regadíos de Castilla y León. Además, revisión del Plan Hidrológico en cuanto a los compromisos de ejecución de las obras y en cuanto a lo referente a los caudales ecológicos.
