ASAJA ha recibido con gran agrado que la institución del Procurador del Común haya iniciado una actuación de oficio sobre los efectos negativos que puede tener la proliferación de los macroparques fotovoltaicos en el desarrollo agroganadero de la provincia, y que en este sentido haya hecho recomendaciones tanto a la Junta de Castilla y León como a las diputaciones provinciales.
Siendo la provincia de León una de las más afectadas de España por la proliferación de macroparques fotovoltaicos, hay que recordar que la Diputación de León no se ha posicionado sobre este problema, y que por el contrario, desde el Servicio de Asistencia a Municipios, se está facilitando a las juntas vecinales todos los trámites para alquilar los terrenos comunales a las empresas promotoras de este tipo de energía. Bien está recordar que el diputado responsable del SAM de la Diputación de León es Matías Llorente, que a su vez es el máximo responsable de la organización agraria Ugal-Upa, quién lejos de ponerse del lado de los agricultores y ganaderos, se ha posicionado del lado de las empresas fotovoltaicas. Ahora el Procurador del Común le recuerda a Matías Llorente, como responsable del SAM, que “en aquellos expedientes que sea necesaria la autorización de la Institución provincial, señaladamente tratándose de terrenos comunales, esta se asegure de que se están cumpliendo los requisitos exigidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para lo que ha de comprobar que se halla debidamente justificada la inviabilidad económica del aprovechamiento agropecuario tradicional de los terrenos correspondientes que se viene realizando y que, por lo tanto, resulta de interés, como opción posible, la adjudicación a un tercero de dichos terrenos para la instalación de plantas de producción fotovoltaica mediante el pago del precio acordado. Contrariamente, en caso de que la entidad local titular de los terrenos de naturaleza comunal no acredite la inviabilidad del uso primario, la Diputación provincial debería denegar la autorización solicitada. Ese mismo criterio, es decir, la viabilidad o no del uso primario de los terrenos debe guiar las decisiones que adopte la entidad local respecto de los que tengan naturaleza patrimonial en el momento de decidir sobre el eventual cambio de uso de aquellos en favor de la cesión para la producción de energía fotovoltaica”.
En la provincia de León se han presentado 55 proyectos sobre los que ya se ha publicado la solicitud de autorización administrativa y de impacto ambiental, que ocuparían un total de 8.305 hectáreas de terrenos de cultivo. Prácticamente todos ocupan terrenos públicos, siendo la principal excepción el último publicado, que corresponde a una macroplanta denominada Circinus Solar en una finca privada de 137 hectáreas en el municipio de Mansilla de las Mulas.
Desde hace más de un año la organización agraria ASAJA de León ha efectuado multitud de gestiones en los ámbitos político, administrativo y de la opinión pública, para poner freno a la oleada de macroparques fotovoltaicos que amenazan con echan a los agricultores de las tierras que cultivan.
ASAJA. León, 28 de diciembre de 2021.