En medio de la polémica surgida en Castilla y León a raíz del anuncio del partido político Vox, de suprimir las ayudas a organizaciones sindicales y empresariales, ha sido la Diputación de León, gobernada por el PSOE con el tránsfuga Matías Llorente, la que se ha adelantado a suprimir por completo las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias. Estas ayudas se venían convocando con regularidad desde hace más de treinta años y desde 2019 su convocatoria ha sido impugnada por ASAJA ante los tribunales de justicia por un presunto delito de prevaricación de dos diputados del equipo de gobierno.

La convocatoria de ayudas al sector agrario  se publicó en el BOP del pasado 17 de agosto, y por primera vez excluye a las organizaciones profesionales agrarias destinándose en exclusiva a las cooperativas. De las cuatro organizaciones agrarias de la provincia, se ven perjudicadas la COAG, la UCCL y ASAJA, ya que Ugal-Upa, dirigida por el propio vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, va a recibir 45.000 euros cada año durante 2022 y 2023, a través de su cooperativa Ucogal. En los resultados de las últimas elecciones agrarias ASAJA obtuvo una representatividad del 50,27%, UGAL del 27,69%, la COAG del 8,99% y UCCL del 13,14%. La mala fe en la convocatoria queda también de manifiesto al aprobarse para dos anualidades, 2022 y 2023, agotando la partida presupuestaria y dejando por lo tanto las “manos atadas” a quién asuma el poder tras las elecciones de mayo de 2023.

ASAJA acusa al presidente de la Diputación, el socialista Eduardo Morán, de ser una marioneta en manos del vicepresidente Matías Llorente, al que le deja beneficiarse personalmente del reparto de fondos públicos con tal de mantener la estabilidad en el equipo de gobierno. Por otra parte, ASAJA no tiene tampoco duda que hay nerviosismo en el PSOE por las consecuencias penales para su diputada de desarrollo rural, Avelina Vidal, que por tener cargos relevantes en UGAL, se le persigue por mismo delito de prevaricación que a Matías Llorente.

La decisión política de la Diputación de León, en manos del PSOE, de suprimir las ayudas a las organizaciones agrarias, es una falta de consideración para con el sector agrario y sus legítimos representantes, y crea un serio agravio con respecto a otros colectivo sindicales o empresariales que sí reciben ayudas de la Diputación para sufragar parte de sus costes.

La supresión de las ayudas a las organizaciones agrarias, instigada por el vicepresidente de la Diputación y a la vez secretario general de UGAL-UPA, Matías Llorente, no deja de ser una rabieta más de quién no asume que su tiempo político y sindical ha concluido y que cuanto más siga en el cargo más va a desprestigiar su imagen personal y más daño va a causar al sector agroganadero de la provincia.

 

ASAJA. León 29 de agosto de 2022.