El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha presentado un anteproyecto de ley para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
NO ESTABA EN EL PROGRAMA ELECTORAL
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha presentado un anteproyecto de ley para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Aparentemente la iniciativa parece loable si se persigue saber quién es quién a través de un proceso electoral después de que los únicos comicios agrarios que se han celebrado en el ámbito nacional daten del año 1979 bajo los gobiernos de la UCD. Pero más que loable la propuesta es caciquil, pues hay intereses poco claros para derogar una Ley aprobada hace escasamente cuatro años con iniciativa del PSOE y apoyo parlamentario del PP, por tanto con un amplio respaldo político y social. Chirría una iniciativa legislativa que no surge de una necesidad, que no viene a solucionar problemas actuales y que no figuraba en el programa electoral con el que el PP concurrió hace poco más de un año a las elecciones. Clarísima falta de respeto para con unos electores a los que se ha traicionado nada más sentarse en la poltrona del viejo caserón de la calle Atocha, sede Agricultura.
Y en este cúmulo de despropósitos de un Ministro que parece estar por encima del bien y del mal, que se atribuye la verdad absoluta en materia agraria, y que nunca ha reconocido un mínimo error en su gestión, no es menos importante el deseo de fragmentar todavía más la representación agraria, de dar voz a quienes no viven directamente del campo, de arruinar a las organizaciones con unos comicios que no pueden pagar y de someter a algunas comunidades autónomas, como es el caso de Castilla y León, a dos elecciones sucesivas para decidir sobre lo mismo.
No es fácil entender el por qué del Ministro para meterse en este jardín. Si propone algo contra la opinión inicial de su partido político, contra la opinión de la mayoría de los sindicatos del campo, y contra la opinión de de los responsables agrarios de las comunidades autónomas, sencillamente debería de hacérselo mirar, porque lo más probable es que sea él quién esté equivocado y no todos los demás. Salvo que lo que persiga sea derivar la atención sobre la gestión de un ministerio que se ha quedado sin presupuesto y que puede salir escaldado en las negociaciones de la PAC.
*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Crónica de León del viernes 1 de febrero de 2013.