EL GOBIERNO CONCULCA LOS DERECHOS DE LOS ARRENDATARIOS DE FINCAS RUSTICAS

La organización agraria ASAJA de Castilla y León manifiesta su más absoluto rechazo a la nueva normativa que regulará los arrendamientos rústicos aprobada como proyecto de Ley en el Consejo de Ministros del pasado viernes día 4 de julio. La iniciativa del Gobierno, cuyo texto se dio a conocer hace apenas un mes, se aprueba de forma precipitada sin debate ni consenso con el sector, y responde a la necesidad del ministro Arias Cañete de cumplir sus compromisos en esta materia con determinados grupos de presión antes de finalizar la legislatura política.

La organización agraria ASAJA de Castilla y León exigirá al Consejero de Agricultura un pronunciamiento sobre la misma, e iniciará encuentros con los parlamentarios regionales en el Congreso de los Diputados para que por la vía de enmiendas se consiga cambiar de forma sustancial el texto legal definitivo. Para ASAJA, la nueva normativa conculcaría los derechos de los arrendatarios a favor de los propietarios de tierras, haría subir los precios de dichos arrendamientos, y pondría en una situación de desventaja al agricultor profesional a la hora de acceder a un mercado de la tierra que está más desequilibrado que nunca en relación a lo que se paga y el beneficio que se espera.

La nueva Ley que se pretende aprobar no contempla la situación de Castilla y León, una de las regiones más importantes agrícolamente y donde los agricultores profesionales tienen de media más del cincuenta por ciento de las fincas que trabajan en régimen de arrendamiento, porcentajes que llegan al setenta y cinco por ciento en el caso de los jóvenes.

ASAJA no entiende que se reduzcan los arrendamientos a tres años cuanto la propia administración para acogerse a un plan de mejora, una ayuda para la incorporación de jóvenes, o una ayuda agroambiental, exige compromisos de cinco años. Con el nuevo texto legal, desaparece la figura del agricultor profesional, desaparecen los derechos de adquisición preferente, desaparece la figura de las Juntas Provinciales de Arrendamientos Rústicos cuyo fin era resolver conflictos como paso previo a la vía judicial, y en todo su articulado se ve una clara intención de liberalizar absolutamente el mercado de la tierra beneficiando con ello al propietario. Todo esto surge cuanto se acaba de aprobar la reforma de la PAC que tendrá enormes efectos en las relaciones entre arrendador y arrendatario y cuyas consecuencias son hoy difíciles de prever.