VOTO EN CONTRA AL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL DUERO

 

Ante algunas críticas que se están haciendo a la postura de ASAJA, de votar negativamente la propuesta de Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero que se sometió el día 19 de diciembre de 2012, a la consideración del Consejo del Agua de la Cuenca del Duero, tenemos que decir que el sentido de nuestro voto fue ese por lo siguiente:

 

1.      Para no asumir el régimen económico financiero del nuevo Plan  que contempla el principio de “recuperación de costes”, es decir, que el usuario pague toda la inversión que se haga en obra hidráulica y que pague los gastos corrientes de gestión del agua en los importes que de forma unilateral –y siempre abultada- establece el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Duero. El proyecto valora el coste anual de los servicios del agua en la cuenca del Duero en 937 millones de euros.

 

2.      Para no ser cómplice de las restricciones que se establecen a propietarios de tierras en las proximidades de los cauces y sus zonas de servidumbre (5 metros) y policía (100 metros), ni aceptar las sanciones que se imponen cuando a juicio de la CHD no se respetan sus normas. En el procedimiento administrativo sancionador  se vulneran sistemáticamente los derechos de los administrados.

 

3.      Para no ser condescendiente con una administración que no invierte en la limpieza de los cauces de agua, y que cuando estos se desbordan y causan importantes daños a las propiedades rústicas, no se hace responsable de los mismos.

 

4.      Para no asumir como algo normal el retraso en la resolución de expedientes administrativos relacionados con las concesiones o usos del agua, ni justificar que se exijan costosos proyectos o acometer inútiles obras. La administración es restrictiva en las concesiones de aguas subterráneas y no toma medias para recargar acuíferos deficitarios. Cuanto el agricultor o ganadero necesita un permiso de la CHD, éste siempre llega tarde y ha sido muy caro.

 

5.      Para no dar por bueno el recorte del presupuesto en obra hidráulica, ya que con las partidas económicas que contempla el Plan, y sin haber seguridad de que cada año figuren en los PGE, las inversiones en infraestructuras serán mínimas: embalses, canales, limpieza de cauces, reparaciones. Castilla y León seguirá siendo la comunidad autónoma que menos porcentaje de tierra de regadío tiene de toda España. Si en la versión inicial – con gobierno del PSOE- se planteaba un presupuesto de 2.700 millones de euros, en la aprobada –gobierno del PP- se ha reducido hasta los 1.297, por lo tanto se han recortado las pretensiones económicas en un 52%.

 

6.      Para no aceptar que más de la mitad de los fondos que gestiona la CHD se destinen a obras de depuración de las aguas residuales de los núcleos de población, así como a adecentamiento de los cauces a su paso por las poblaciones, en vez de destinarse a obras de interés agrario (regadíos, limpieza de cauces,…) que mejoren la productividad y por tanto sean generadoras de riqueza y empleo. El plan establece prioridad en las medidas de saneamiento, depuración y restauración de ríos y zonas húmedas.

 

7.      Para no refrendar unas obras hidráulicas en regulaciones de cauces de las que no se ha informado a las organizaciones agrarias y de las que cuestionamos que sean las necesarias, que supongan la mejor opción, que se hayan planteado en los plazos más apropiados, que solucionen los problemas de los regantes,  y que representen el menor coste posible para el usuario. No cumplen el objetivo de mitigar los efectos indeseados de las inundaciones y las sequías ni el de proporcionar recurso suficiente para las demandas razonables de nuevos regadíos.

 

8.      Para no dar la conformidad a que, proyectos hidráulicos que figuraban en el Plan anterior y que no se han ejecutado,  sin decirlo expresamente ahora se descarten.

 

9.      Para no condescender con quienes se agarran al concepto de “caudal ecológico” para restringir el uso del agua para riego en años de escasez de recursos, colocando al regante en el último eslabón de prioridades. Ni para adherirnos a quienes planifican mal y desembalsan cuando no deben hacerlo y después no se llenan los pantanos y se establecen restricciones.

 

10.  Por no compartir la escasa interlocución que la administración responsable del agua tiene con las organizaciones profesionales agrarias, así como la insignificante presencia en los órganos colegiados de gestión.

 

11.  Para no compartir las restricciones que impone la CHD en el aprovechamiento del agua en zonas de montaña, a quienes han sido tradicionalmente usuarios del recurso en el riego de prados y pastizales.

 

12.  Para no compartir la falta de trasparencia, y dicho de una forma más suave, ineficacia, que tienen la CHD en la contratación de obras y servicios,  cuyos costes después repercute en los regantes en forma de cuotas, gravámenes o tarifas de riego.

 

13.  Y porque el papel de ASAJA no es el ser condescendiente con quien gobierna, sino ser exigente y defender desde la independencia, los intereses profesionales de los agricultores y ganaderos.

 

Valladolid, 9 de enero de 2012.

José Antonio Turrado

Secretario General de ASAJA de Castilla y León.