LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA SUS ENMIENDAS SOBRE LA REFORMA DE LA PAC

 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo celebrada  este miércoles 23 de Enero en Bruselas ha votado las enmiendas a las propuestas de reglamento de reforma de la PAC. El pleno del Parlamento Europeo se deberá pronunciar (11-14 marzo) para que comience formalmente el denominado Triálogo entre Parlamento, Comisión y Consejo con vistas a alcanzar un compromiso político sobre la reforma en el mes de junio bajo presidencia irlandesa de la UE. Se espera que en el pleno del parlamento pueda haber algunos cambios relacionados con aspectos del pago verde que han generado mucha división e indignado a grupos ambientalistas.

 

Las enmiendas introducidas por la Comisión de Agricultura fijan su posición de cara a una negociación que se prevé dura y compleja a pesar de que ya se ha confirmado que 2014 será un año de transición. El Parlamento se muestra favorable a introducir una mayor flexibilidad y subsidiariedad en los aspectos clave de la reforma en línea con lo solicitado por las organizaciones agrarias europeas aunque deja sin resolver con claridad cuestiones como la superficie elegible, la definición de agricultor activo o el apoyo a la ganadería.

 

A continuación se resumen brevemente las principales orientaciones de la Comagri respecto la reforma de la PAC:

 

Las votaciones en la Comagri han puesto en evidencia que uno de los aspectos más controvertidos es el relativo a la Convergencia externa e interna de los pagos. El Parlamento propone seguir los criterios propuestos por la Comisión pero modifica porcentajes, añade una flexibilidad adicional e introduce nuevos condicionantes. De este modo el Parlamento defiende una convergencia más pausada que permita en 2019 un valor uniforme de ayudas en un Estado o Región que pueda variar como máximo en un 20% de la media sin que a título individual un agricultor no pueda recibir más de un 30% menos del valor de los derechos de pago activados en 2014.

 

 Respecto el debate del agricultor activo el Parlamento se decanta por dejar en manos de los Estados esta definición y la posibilidad de excepcionar de su cumplimiento a los agricultores que reciban menos de 5000 euros de pagos directos. Si bien la propuesta de la Comisión señalaba que sólo estarían dentro del sistema aquellos que hubieran activado derechos en 2011, el Parlamento propone que el Estado pueda decidir entre 2009,2010 y 2011 como fecha de referencia. Por otro lado la Comisión sólo hablaba de venta de una explotación o parte de ella pero el Parlamento también recoge figuras como la fusión y la escisión. Una de las enmiendas de compromiso aprobadas trata de la posibilidad del Estado miembro de dar un complemento a las primeras hectáreas elegibles de un agricultor que determine el Estado hasta un límite máximo de 50 hectáreas. El ministro de agricultura francés ha sido quien en la sombra ha introducido esta propuesta con el fin de “apoyar a la ganadería”. La Comagri ha dado su visto bueno a un techo de las ayudas en 300.000 euros. En relación a los pagos acoplados no había enmienda de compromiso pero la Comagri se ha decantado por dar al Estado la posibilidad de que determine su propia lista de productos elegibles.

 

 

En el apartado del pago verde el Parlamento descarta un menú de medidas a elección del Estado, confirma el 30% del presupuesto para el greening y acepta las 3 medidas obligatorias propuestas por la Comisión aunque introduce un sistema más amplio de equivalencias que no sólo incluye a la agricultura ecológica (medidas agroambientales, zonas natura 2000 y certificación ambiental). El parlamento presentó 2 enmiendas de compromiso al respecto, una restrictiva que imponía condiciones y limitaciones de superficie a la certificación ambiental y a las agroambientales para el reconocimiento ipso facto (enmienda 14) y otra más amplia donde se facilita de forma automática sin necesidad de que cubran la parte de la explotación del agricultor que esta sometida la las prácticas beneficiosas al clima y el medio ambiente previstas en el artículo 29 (enmienda 15). Finalmente se aprobó la enmienda 15 aunque sólo por un voto de diferencia y con la oposición de socialistas europeos y verdes ante lo que denominan “doble financiación” pero que en la práctica supone el mismo tratamiento que para la agricultura ecológica, es decir, se cobrará el 30% del pago verde si se tienen agroambientales o sistema certificado en alguna parcela de la explotación.

 

 También flexibiliza la aplicación de las mismas ampliando umbrales mínimos en la diversificación (medida aplicable a partir de las 10 hectáreas), limitando el mantenimiento de pastos a escala regional y no individual y reduciendo el porcentaje de la superficie de interés ecológico (del 7% previsto para todos los casos pasaría al 3% en un primer momento, en 2016 se aumentaría hasta el 5% con posibilidad de estudiar una futura ampliación al 7%, excluyendo pastos y cultivos permanentes).

 

El Parlamento defiende que el 2% del sobre de los pagos directos se utilice obligatoriamente en un complemento para jóvenes y nuevos agricultores que alcanzaría a una ayuda por hectárea con un límite 100 hectáreas (en lugar de las 25 hectáreas previstas inicialmente en la propuesta de la Comisión). El sistema para los pequeños agricultores sería de naturaleza voluntaria para el Estado miembro y consistiría en un pago anual y global que se situaría entre los 500 y los 1.500 euros (la Comisión fijaba el límite máximo en 1000) y que estará en función de la media de pagos nacionales por beneficiario.

 

Se ha realizado la votación de las más de 1000 enmiendas al informe del eurodiputado francés Michel Dantin (Grupo PPE) sobre OCM Única, que engloban temas como los precios de referencia; intervención pública y almacenamiento privado; aspectos concretos de sectores como el aceite de oliva, vino, leche, apicultura, lúpulo, azúcar y frutas y hortalizas; medidas de mercado; restituciones a la exportación, reglas de competencia o gestión de crisis, etc.

En la enmienda referida a los precios de referencia los eurodiputados piden añadir el precio de referencia para el sector del aceite de oliva, proponiendo 2.388 €/tn en el aceite de oliva virgen extra, 2.295 €/tn en el aceite de oliva virgen, 1.524 €/tn en el aceite de oliva lampante con una acidez libre de 2 grados, importe que se reduce en 36,70 €/tn por cada grado de acidez de más. Además se pide una revisión de los precios de referencia de forma periódica, variable entre categorías de productos, en función de criterios objetivos, considerando la evolución de la producción, los costes de producción y las tendencias del mercado, con su actualización en caso de que fuese necesario.

El Parlamento pide añadir el trigo duro y sorgo dentro de los productos que pueden ser objeto de intervención pública, con un periodo de intervención durante un año. La Comisión podrá abrir o cerrar la intervención según una serie de aspectos definidos para cada producto, mediante actos de ejecución adoptados sin necesidad de aplicar el artículo 162, apartados 2 o 3. En la carne de vacuno se abrirá la intervención cuando el precio medio de referencia sea inferior del 90% del precio de referencia fijado en el artículo 7, apartado 1, letra d.

Sobre las condiciones de concesión de la ayuda para el almacenamiento privado,  destacar la enmienda donde se indica a tener en cuenta el impacto sobre los márgenes de beneficios de los productores del sector y la estacionalidad en las producciones de ciertos sectores y Estados miembro.

En el sector del vino destacar que se elimina del programa nacional la medida de pago único para los viticultores en consonancia con la reciente aprobación del informe sobre la propuesta de Reglamento  del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe al régimen de pago único y apoyo a los viticultores, redactado por el eurodiputado italiano Herbert Dorfmann (Grupo PPE). En relación a los derechos de plantación la Comagri defiende en sus enmiendas la continuación del sistema hasta 2030 aunque se prevén nuevas modificaciones para incorporar las conclusiones del último grupo de alto nivel sobre el vino que ha apoyado un nuevo sistema de autorizaciones.

El Parlamento se ha pronunciado a favor de un mantenimiento de las medidas para el sector del azúcar, por lo menos hasta 2020, incluyendo la cuota y el precio mínimo para la remolacha. En el sector lácteo se propone que tras el fin de las cuotas en 2015, introducir un nuevo mecanismo de gestión de crisis y nuevos instrumentos para que los operadores tengan más responsabilidades. Se rechazaron las enmiendas españolas para la prórroga del régimen de cuotas.

Desde la Comisión se propone mantener las medidas ya existentes sobre la red de seguridad para todos los productos, pero desde el Parlamento Europeo ha considerado esta propuesta insuficiente debido a que los costes por explotación y la volatilidad de los mercados aumenta y los productores se vuelven menos competitivos. Por eso se pide una modificación de las medidas de mercado, actualizando las redes de seguridad para que el productor pueda afrontar periodos de bajos precios y aumento de los costes. La reserva para crisis que se propone, también financiará la intervención, el almacenamiento privado y las restituciones a la exportación.

Se debe reforzar la competitividad a escala de la explotación, pero también reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, tanto mediante el fomento de las organizaciones de productores y de las cooperativas como garantizando unas prácticas comerciales justas y sentando las condiciones necesarias para que los sectores se organicen. El Parlamento ha definido que los Estados miembros reconocerán las organizaciones de productores que estén constituidas y controladas por agricultores, en el sector de las frutas y hortalizas y de todos los demás sectores que lo soliciten además de prever determinadas derogaciones del derecho de la competencia.

 

 

 

La cuestiones relacionadas con la propuesta de desarrollo rural no han suscitado grandes diferencias entre los parlamentarios. De hecho el Parlamento no cambia las orientaciones básicas de la Comisión y se limita a introducir cambios técnicos o mejoras al texto sin entrar a modificar los tampoco los porcentajes de cofinanciación. En las enmiendas de la Comagri se observa un interés por potenciar en las diferentes medidas del desarrollo rural la silvicultura, las actividades relacionadas con el turismo y las organizaciones de productores. De este modo, según el Parlamento, los regímenes de calidad o la inversión en activos físicos también debe estar abierta para las organizaciones de productores. En las enmiendas de desarrollo rural se ha confirmado la posición de la Comagri en pagos directos de permitir que determinadas medidas puedan tener al mismo tiempo financiación del primer  y segundo pilar. La Comagri confirma que al menos el 25% de los fondos deben gastarse de forma obligatoria en medidas agroambientales y agricultura ecológica.

 

Así mismo, el Parlamento pone el acento en considerar como prioridades el bienestar animal y la transformación agroalimentaria.

 

Junto a las mutualidades el Parlamento Europeo menciona a los seguros que están vigentes en países como España, garantizando su coherencia con el funcionamiento conjunto del sistema. Por otro lado, el Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión de limitar las inversiones en instalaciones de riego a aquellas que ahorren el 25% del consumo de agua. El Parlamento se decanta por eliminar el requisito del 25% de ahorro  y se limita a señalar que las nuevas inversiones y la modernización podrán llevarse a cabo teniendo en cuenta los objetivos de la Directiva 2000/60.