Después de décadas denunciando los acuerdos entre la industria lechera de nuestro país para repartirse rutas de recogida y ganaderos, y pactando mes a mes los precios de compra impidiendo una libre competencia, por fin la CNMC instruye un expediente e impone sanciones millonarias a las principales compañías.
EL CÁRTEL DE LAS LÁCTEAS
Después de décadas denunciando los acuerdos entre la industria lechera de nuestro país para repartirse rutas de recogida y ganaderos, y pactando mes a mes los precios de compra impidiendo una libre competencia, por fin la CNMC instruye un expediente e impone sanciones millonarias a las principales compañías. Las prácticas prohibidas contra la competencia han sido siempre de dominio público y sobre todo de conocimiento de las autoridades del ministerio de Agricultura y las consejerías de Agricultura de las distintas comunidades autónomas. La cuestión se ha abordado en centenares de reuniones de trabajo sobre esta materia y se ha abordado incluso en órganos colegiados donde el secretario de dicho órgano ha tomado nota de lo que se decía y denunciaba para reflejarlo en el acta. Todo el mundo sabe que en este sector, donde hasta ahora ha habido pluralidad de empresas, un ganadero no puede cambiarse de comprador sin el consentimiento del que ha venido desempeñando ese papel con anterioridad, porque hay una política de no agresión entre compañías que se ha seguido a rajatabla. Han respetado los acuerdos entre ellos incluso cuando una empresa ha necesitado leche de forma desesperada, lo que indica que los pactos son fruto de una consolidada estrategia comercial y que existen mecanismos de seguimiento de los mismos para su éxito y permanencia en el tiempo. No es para felicitar a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, es para preguntarles dónde han estado hasta ahora y qué han hecho hasta ahora, y es para preguntar a las autoridades agrarias de nuestro país, a todas, a las del Estado y las de las comunidades autónomas, si su conciencia está tranquila por haberse posicionado, siempre y gobierne quien gobierne, de la parte de los poderosos.
Los bajos precios de la leche, el abandono de rutas de recogida, el diferencial en la cadena de valor, la imposibilidad de cambiar de comprador, los acuerdos para la fijación de precios, así como la importación de “leche de laboratorio”, nos llevaron en septiembre de 2008 a protestar ante la patronal del sector en su sede social de la calle Ayala de Madrid. Y por eso se nos juzgará el 27 de abril en un juzgado de lo penal.
Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicada en La Nueva Crónica del viernes 6 de marzo de 2015
