La cesta de la compra

Según una encuesta del INE, los castellanos y leoneses gastamos en comer un dieciséis por ciento de nuestros recursos económicos. Este porcentaje es sensiblemente más alto que la media nacional, y viene a suponer tres puntos más con respecto a las comunidades autónomas en las que el nivel de renta es más elevado. Es normal que en las rentas más bajas los gastos de primera necesidad, como es la alimentación, representen porcentajes más altos que en las rentas altas, y quizás por eso, a quienes por lo general le parece más cara la cesta de la compra es a nuestros jubilados de pensiones modestas. Pero en todo caso, y aceptando otras opiniones distintas, no me parece que el gasto en alimentación en los hogares sea algo prohibitivo, al contrario, y pienso que si de ahorrar se trata, debemos de mirar, más que a los dieciséis euros que gastamos en comida, a los ochenta y cuatro restantes que destinamos a otros bienes y servicios. Los alimentos, en sus distintas fases, desde la producción a la venta, pasando por la transformación y la logística, han sufrido un cambio importantísimo en los últimos años para responder a las necesidades del consumidor, a sus hábitos y preferencias. Uno puede recrearse simplemente con ver en las estanterías la gran diversidad de referencias en alimentación, tanto de productos frescos como no perecederos, se pueden adquirir con gran facilidad productos fuera de temporada, las garantías sanitarias son casi absolutas, la presentación es digna de elogio, y se ofrece más información al consumidor que nunca. Nadie está preocupado por un hipotético desabastecimiento de alimentos, y es impensable una subida global de la cesta de la compra que supere la referencia oficial del índice de precios al consumo, al contrario, lo más que previsible son bajadas o como mínimo mantenimiento de los precios. Disponer de gran variedad de productos alimenticios, con todas las garantías y a precios razonables, es una de las políticas más asentadas de la Unión Europea, y uno de los motivos que justifican la Política Agrícola Común.