El sector remolachero azucarero, integrado por las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG, UPA, la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y la Asociación Nacional de Fabricantes de Azúcar (AGFAE), integrada por Azucarera y Acor, han iniciado una serie de contactos con los grupos parlamentarios, con el fin de transmitirles su oposición a la propuesta de un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que el Ministerio de Hacienda anunció en diciembre pasado.
El sector remolachero azucarero transmite a Ciudadanos y PP su oposición a un posible impuesto a las bebidas azucaradas
Madrid, 1 de marzo de 2017.- El sector remolachero azucarero, integrado por las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG, UPA, la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y la Asociación Nacional de Fabricantes de Azúcar (AGFAE), integrada por Azucarera y Acor, han iniciado una serie de contactos con los grupos parlamentarios, con el fin de transmitirles su oposición a la propuesta de un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que el Ministerio de Hacienda anunció en diciembre pasado.
Durante la mañana de ayer, el sector remolachero azucarero se ha reunido con el grupo parlamentario de Ciudadanos, concretamente con el Portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre. Por la tarde, el sector ha mantenido un encuentro con el grupo del Partido Popular, en concreto, con la Portavoz adjunta de la Comisión de Economía y Competitividad, Susana López Ares, la Portavoz de Hacienda, Ana Madrazo y el diputado por Valencia Juan Vicente Pérez.
El sector remolachero azucarero ha transmitido a los parlamentarios, que se han mostrado muy receptivos, que dicho impuesto podría tener un efecto económico muy negativo para su competitividad, sobre todo, en un momento especialmente delicado por la incertidumbre que genera la desaparición de las cuotas de azúcar el próximo 1 de octubre. Además, esta medida fiscal podría tener graves repercusiones sociales, ya que este sector es clave en muchas comunidades autónomas para el mantenimiento de la actividad productiva y del empleo en el mundo rural. Se podrían ver perjudicados más de 6.000 remolacheros (unos 4.000 en Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra y otros 2.000 en Andalucía), así como la industria azucarera, que da empleo a 2.000 trabajadores de forma directa.
El sector ha reiterado su compromiso con la salud de los consumidores a través de un debate informado sobre las políticas de salud pública en torno al azúcar y señala que en el contexto de la obesidad y el sobrepeso lo importante es centrarse en el total de las calorías consumidas. Asimismo, defiende la necesidad de insistir en un consumo moderado y responsable y el papel del azúcar como un alimento que puede formar parte de una dieta variada y equilibrada en el marco de un estilo de vida saludable.
El sector insiste en la relevancia de las medidas educativas y el traslado de información veraz, basada en el consenso científico a los consumidores como herramientas fundamentales para prevenir problemas de salud derivados de la alimentación. En este sentido, destaca que la obesidad es un problema complejo y multifactorial que consiste en un desequilibrio entre ingesta y gasto energético y cuya solución no puede centrarse en un único ingrediente.
En los próximos días se espera tener encuentros similares con los portavoces de Hacienda y de Agricultura de los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos y PNV.
La pasada semana, el sector también se reunió con la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para valorar esta medida y transmitirle su oposición a la misma.
