La organización agraria ASAJA de Castilla y León quiere salir al paso de la recomendación del Procurador del Común, hecha pública hoy, para que la Consejería de Agricultura controle los títulos sobre las fincas de cultivo o pastos de las solicitudes de ayudas de la PAC, por entender que no debe de ser suficiente la presunción de legítima posesión. 
ASAJA quiere aclarar que la normativa de la PAC ya obliga a los solicitantes de ayudas a informar de si las fincas son propias o arrendadas y, en el caso de las arrendadas de más de 2 hectáreas, a identificar el DNI del propietario. También, desde el año 2018, todos los propietarios pueden comprobar de forma telemática si sus fincas están declaradas en algún expediente de ayudas PAC.  
Es más, la PAC actual, y con seguridad la que vendrá en el año 2022, obliga a que haya actividad sobre las fincas que se declaran; por lo tanto, es imposible que un agricultor tenga un aprovechamiento agrícola sobre una finca sin el consentimiento del propietario. También, ante la denuncia fundada de un propietario, la consejería de Agricultura retira la ayuda vinculada a esa superficie y la deja pendiente de lo que dicte la autoridad judicial, que como es lógico es la competente. 
Por otra parte, ASAJA recuerda al Procurador del Común que en Castilla y León que más del 70 por ciento de las fincas que declaran los agricultores y ganaderos son en renta, y que, dada la fragmentación y el minifundismo, se declaran cientos de miles de parcelas, lo que convertiría la petición del Procurador en algo inviable desde el punto de vista administrativo. Además, es bueno recordar que la mayoría de las fincas, como se ha dicho arrendadas, lo son mediante contratos verbales, una modalidad contemplada en la Ley de Arrendamientos Rústicos con igual validez y legalidad que los arrendamientos escritos. 
Por último, ASAJA, respetando el trabajo que hace el Procurador, no comparte que realmente sea un problema la cuestión planteada, y pedirá a la Junta que siga siendo rigurosa en los controles de la PAC, pero que no introduzca cambios normativos en esta materia.