Por José Antonio Turrado
Según la estadística oficial el pasado año se matricularon en Castilla y León 1.293 tractores nuevos con una potencia media de 108 Kw. Esta cifra, dicha así, no significa gran cosa, pues lo primero que habría que valorar es si es más o menos que el año anterior, si anda por la media de un periodo más amplio como podría ser una década, si las compras se vieron influidas por la situación de las cosechas, de los precios de mercado, o de la existencia o no de ayudas de las administraciones al fomento de la inversión en el campo. Tampoco dice mucho la cifra global de 5.600 vehículos y aperos agrícolas entre tractores, remolques, cosechadoras, sembradoras, abonadoras, maquinaria de tratamientos, máquinas para preparar el terreno, o maquinaria de siega y acondicionamiento de forrajes. Decimos obviedades si constatamos que cada vez se compran máquinas mayores para poder trabajar más superficie, que es difícil prescindir de la última tecnología que sale al mercado, y todo el mundo se imagina que muchas compras se frenan por la falta de financiación, por la supresión de apoyos públicos y por crisis de rentabilidad acusada y prolongada como la que vive la ganadería en general y en la producción láctea en particular.
De los datos sobre maquinaria inscrita se saca una conclusión muy clara: el agricultor hace cada año un gran esfuerzo económico para modernizar su explotación invirtiendo en maquinaria y otros bienes. Un esfuerzo que en el capítulo de tractores y aperos supone unos 300 millones de euros al año, lo que aproximadamente representa una tercera parte de todo el dinero que ingresamos por los pagos directos de la PAC. Pero si a estas inversiones que popularmente llamamos “gastar en hierros –o “gastar en chatarra” – sumamos la maquinaria ganadera, las inversiones en sistemas de riego, las inversiones en ganado reproductor, las compras de cupos y derechos de producción, los inmuebles en naves agrícolas y estabulaciones ganaderas y otros conceptos varios, la inversión anual en el campo de Castilla y León supera los 700 millones de euros al año, cifra que se aproxima mucho al montante toda de pagos directos de la PAC, que ronda los 950 millones de euros. Y en esta estadística está claro que los jóvenes y los profesionales invierten más que los no profesionales y que quienes tienen ya una edad avanzada.
Lo que cobramos de la PAC se nos va en hierros y en ladrillos. Con la venta de nuestros productos agroganaderos pagamos la renta de la tierra, las semillas, los abonos, el gasóleo, los fitosanitarios, los piensos para el ganado, la electricidad y el sinfín de medios de producción que cada día son más caros, y con lo que sobra, solamente con lo que sobra, atendemos nuestras necesidades familiares como cualquier otro ciudadano. Y bueno, no nos pongamos pesimistas, que mucho o poco, algo sobra, pues nadie trabaja indefinidamente por la cara. Pero queda claro que el agricultor trabaja y mueve mucho dinero, parte de fondos públicos, para llevarse a casa una renta modesta. Por el camino, un sinfín de empresas que prestan servicios al campo, como clientes o como proveedores, tienen un presente y un futuro que está indisolublemente ligado al del campo. Unas empresas con cuyo movimiento económico y puestos de trabajo hay que contar cuando se quiere ver la verdadera dimensión de la agricultura y ganadería de Castilla y León. Unas empresas que existen gracias a que existe el campo y que ocupan el medio rural porque sus clientes son los agricultores y los ganaderos.
José Antonio Turrado es secretario general
de ASAJA de Castilla y León
