Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
La agricultura de regadío Castilla y León supone alrededor de un 16% de lo cultivado, un porcentaje no muy grande pero mucho más significativo por el mayor valor que las producciones de regadío aportan a la renta final agraria. Más de dos tercios de ese regadío se abastece de aguas superficiales, es decir, de embalses y canales, y el resto, alrededor de un 22 por ciento, procede de aguas de origen subterráneo, teniendo este sistema especial peso en las provincias de Valladolid, Segovia, Ávila y Salamanca.
En este año hidrológico, que no es especialmente halagüeño, porque no ha llovido con la generosidad deseable para que se recarguen pantanos y acuíferos, ha estallado un problema que se venía fraguando en el pasado sin que se tomaran las medidas adecuadas para solucionarlo. Se topan los regantes de aguas subterráneas con unas sanciones administrativas desmedidas. La administración nos da la razón en el fondo, pero una vez más la forma, el aparato legal, está en nuestra contra. La concesión que tienen los agricultores para obtener agua es mayor que la que se está utilizando, y por tanto no se puede decir que se esté regando por encima de nuestras concesiones.
Pero nuestras explotaciones no se parecen en nada a las de otras comunidades autónomas, donde lo que predominan son grandes extensiones dedicadas a un mismo cultivo. Aquí explotaciones pequeñas, con parcelas mínimas. Los cultivos, excepto el maíz, requieren de una rotación para que los suelos permanezcan en óptimas condiciones agronómicas y medioambientales. Para patata, se requiere una rotación mínima de cinco años; para remolacha, de cuatro. Siguiendo esta regla, para sembrar 10 hectáreas de remolacha, tendrías que tener 40. Desgraciadamente no tienen esa cantidad de tierras los agricultores, así que para hacer las rotaciones necesarias, a través de las comunidades de regantes, se permite la incorporación de tierras de secano, dejando descansar a las de regadío.
Pero en las aguas subterráneas carecemos de estas comunidades, que en las aguas de canal están implantadas, así que cuando uno tiene un pozo y precisa rotar, lo usual es regar la tierra más próxima, a veces de un vecino, llegando a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Aunque este sistema no estaba recogido en un marco legal, así se venía haciendo desde hace muchos años. Pero este año la Confederación Hidrográfica del Duero se ha plantado e impuesto unas multas a más de 200 agricultores que habían realizado esta práctica el año anterior, rotar y regar fincas que no tenían concesión, aunque el uso del agua sí lo tenían concedido. ASAJA está totalmente en contra de estas denuncias por abusivas, ilógicas y fuera de contexto. Ante todo, tenemos muy claro que solo se puede regar con concesión de agua y solo se puede gastar el agua que se tiene concedido. Dicho esto, ¿qué mas da que lo hagamos en la finca autorizada o en la de al lado si hay un acuerdo con el vecino? Agronómicamente, como hemos explicado, es mucho mejor, y medioambientalmente también, porque vamos a dejar descansar la finca de regadío al hacerla de secano unos años, y a mejorar la de secano como si fuera de regadío, con sus enmiendas y tratamientos pertinentes.
Siendo todo ventajas, la CHD no lo entiende, y lo peor es que la Ley de Aguas respalda su postura, por injusta que sea. Desde ASAJA hemos tenido ya varias reuniones con el presidente de la CHD, e incluso con la propia ministra. Dicen que entienden y comprenden nuestra postura, pero que la ley no lo permite. Pues si las leyes las preparan y aprueban ellos, ¿no será más fácil cambiar la ley y permitirlo, en lugar de empujar a las explotaciones impedir que produzcan o a que lo hagan en peores condiciones? Si el sistema seguido por los regantes es bueno para el campo y no gastamos una gota más de agua, la obligación de nuestros gobernantes es encontrar una salida que no perjudique a los agricultores.
* Artículo publicado el 6 de marzo de 2017 en el suplemento 'Mundo Agrario' de El Mundo de Castilla y León
