Por Maite Resina
Presidenta de AMFAR Ávila
Mañana, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una fecha clave para alzar la voz de las féminas en el medio rural. Como presidenta de AMFAR-Ávila pido respaldo económico y social para las mujeres. Creo, no obstante, que cualquier tipo de huelga feminista no ayuda lo suficiente y puede crear una brecha entre las propias mujeres, aún así respeto a todas y cada una de las personas que decidan acudir a las movilizaciones.
Más allá de los discursos que se puedan escuchar estos días, lo que se necesitan son medidas reales y eficaces que acaben con las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, desempeñando estos las mismas funciones y recibiendo menor retribución económica éstas últimas. Si la desigualdad laboral entre hombres y mujeres está ya bastante marcada, esta diferencia es aún mayor en el caso de la mujer rural. El mercado laboral de los pueblos se caracteriza por una baja tasa de empleo, que se acentúa en el caso de las mujeres. Cientos de contratos femeninos son a jornada parcial. A esto se suma otra doble brecha laboral, porque las mujeres rurales suelen tener trabajos en los que las oportunidades de formación y de carrera profesional son más limitadas.
Hay que recordar el importante papel y el protagonismo que merece tener la mujer en el desarrollo local y el mantenimiento de la vida en el territorio. Es vital que, por ejemplo los jóvenes se vean respaldados para incorporarse al sector agroganadero, porque según las últimas cifras remitidas por la administración regional, uno de cada seis ocupados en Castilla y León en el campo, es una mujer. Dos de cada tres cotizan en el régimen de autónomos y el resto son asalariadas.
Lograr que las mujeres lideren iniciativas es fundamental, pero para ello necesitan apoyo financiero, deben tener un acceso igual al crédito, algo que por desgracia no siempre es así.
Si volvemos a centrar la mirada en el mundo agrario sería conveniente que las agricultoras y ganaderas estuvieran en los foros adecuados donde se deciden las políticas rurales. Por ello también sería necesaria una implicación de las administraciones para que se promueva la participación de las mujeres en las explotaciones a través de la Titularidad Compartida, porque las cifras en nuestro territorio aún son inferiores a las de otros emplazamientos. Han de ofrecerse incentivos, en la actualidad hay ventajas a la hora de acceder a la condición de explotación prioritaria, y trato preferente en algunas subvenciones, programas y actividades. Pero solo algunas terminan todo el proceso. No estaría de más apostar por la incorporación de la mujer al desarrollo rural y por su presencia en puestos de responsabilidad en cooperativas y organizaciones profesionales agrarias.
También abogamos desde la federación de mujeres y familias del ámbito rural por una mayor conciliación de la vida familiar y laboral, porque son ellas las que suelen encargarse de cuidar a los dependientes, a los niños y también contribuyen con el trabajo en las explotaciones.
