Por José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA de Castilla y León
La administración ha de proteger nuestra miel de la competencia desleal que llega de fuera, aplicar una fiscalidad adecuada, y considerar al sector apícola como “sector prioritario”, que ahora no lo es.
Hubo un tiempo en el que desde la consejería de Agricultura y Ganadería se apoyaba con ayudas unas actividades ganaderas menores que se encuadraban bajo el epígrafe de “actividades ganaderas alternativas”. Muchas han fracasado, pero otras, como la de la apicultura, ha ido en clara expansión y cada vez es menos un hobby y más una actividad profesional en toda regla. Varios de los jóvenes que se han incorporado al campo en los últimos años lo han hecho en esta profesión, buscando sin duda las ventajas de la misma: no necesita una base tierra, la inversión es quizás menos elevada que en otros subsectores, da opciones de transformación y comercialización, y visto desde fuera resulta un trabajo gratificante y bonito. Claro que quienes no quieren engañarse y fracasar, se preocupan, antes de meterse en el ajo, de adquirir conocimientos sobre la materia, de asesorarse de los que saben, de empezar despacio e ir cogiendo experiencia, de dedicarle el tiempo necesario, y de ser mejor que el vecino para competir en unos mercados cada vez más exigentes.
Una de las principales preocupaciones de los apicultores es luchar contra las enfermedades que diezman los enjambres, como la varroasis, y afrontar la amenaza del avispón asiático, ese depredador de las abejas que ha llegado de otras latitudes y avanza cada año copando los espacios naturales donde pecorean nuestros enjambres. Y aquí es donde nuestros apicultores piden el apoyo de la administración, de las autoridades de Agricultura y Medio Ambiente, para adoptar medidas eficaces que eviten la llegada de plagas y enfermedades, y una vez que toque convivir con ellas, que se adopten medidas eficaces para erradicarlas o al menos mantenerlas bajo control sin que su presencia comprometa la viabilidad del negocio. La administración ha de velar por el interés de los apicultores por dos razones: una, la obligación de facilitar que el sector subsista como generador de riqueza y empleo, y otra, por la necesidad de que haya una abundante cabaña apícola para que se polinicen las flores de plantas y árboles de cultivo y forestales, una actividad beneficiosa, esta última, no suficientemente valorada. Las abejas son imprescindibles para dar sentido a ese concepto amplio de la biodiversidad.
Los apicultores, con todos los inconvenientes de la profesión, que los tiene, y siendo conscientes que desde fuera se ven bien los negocios pero desde dentro todos tienen sus problemas, han tenido unos años en los que han podido vender la miel, a mayoristas, a unos precios razonables. Eso ha permitido que el sector haya salido adelante, y que lo haya hecho sin apenas apoyos públicos, con excepción de las ayudas agroambientales, que son escasas y no han llegado para todos. Esta situación de precios razonables se ha quebrado desde hace varios meses y las cotizaciones han caído al menos una cuarta parte, lo que significa un duro golpe para estas economías familiares. Y es aquí, en el control del mercado, donde también tiene que intervenir la administración, pues ha de proteger nuestros productos de la competencia desleal que llega de fuera, ha de exigir que se identifiquen nuestras mieles para que el consumidor sepa lo que compra, ha de aplicar una fiscalidad adecuada, y tiene que considerar al sector apícola como “sector prioritario”, que ahora no lo es.
