Con menos dinero difícilmente el sector podrá afrontar los retos de modernización, sostenibilidad y permanencia del empleo en zonas rurales
ASAJA de Castilla y León ha calificado de “muy preocupante” el recorte en el presupuesto del capítulo agrario propuesto en los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Según la Comisión Europea, se reduciría en torno al 5 por ciento tanto la política agrícola común (PAC), dirigida específicamente al sector agrario, como la política de cohesión, de la que dependen numerosas líneas que repercuten directamente en el desarrollo rural.
“Esto no puede interpretarse más que de una forma: negativamente”, subraya ASAJA, que considera que las promesas con las que la Comisión adorna sus propuestas –“un presupuesto nuevo, pragmático y moderno” – tienen la única pretensión de esconder la realidad: la salida del Reino Unido se traducirá en que habrá menos dinero, y afectará especialmente a España, uno de los países con mayor peso en el reparto de fondos de política agraria.
Teniendo en cuenta los ajustados márgenes de rentabilidad con los que hoy trabaja el sector agroganadero, y que además no es previsible que en los próximos años perciba mayores precios por su producción, en un mundo cada vez más globalizado y con menos barreras arancelarias, “está claro que un recorte de las ayudas implica una caída de la renta disponible para el agricultor y el ganadero”, lamenta ASAJA. “Es muy difícil –añade la OPA– hacer atractivo el sector para fomentar la incorporación de los jóvenes cuando peligra la rentabilidad. Además, los agricultores y ganaderos europeos, frente a los de otras partes del mundo, tienen que superar retos, cada vez más exigentes, para obtener alimentos de calidad, a precios razonables y siguiendo sistemas productivos sostenibles”.
ASAJA señala que al sector “no le consuela que los políticos lancen buenos deseos a tres años vista, prometiendo que lo que no ponga Europa lo va a poner el Estado español o las comunidades autónomas. Hay que ser muy ingenuo para pensar que ahora, tras varias décadas en las que la política agraria nacional y autonómica han estado desmanteladas, limitándose a gestionar lo que indica Bruselas, se van a improvisar medidas con presupuesto propio, cuando la realidad es que no hay presupuesto para casi nada”.
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