Desgraciadamente los profesionales del campo han afrontado nuevamente una nefasta campaña agrícola. Ya son dos años desastrosos de tres en las últimas campañas, una situación que no hay negocio que la aguante, y más en el caso de los agricultores y ganaderos que son en su mayoría pequeñas y medianas explotaciones pilotadas por profesionales autónomos.

Si grave es esta situación, aún lo es más en determinadas comarcas agrarias como la de Arévalo-Madrigal y zonas colindantes de las provincias  limítrofes donde la cosecha ha sido catastrófica uniéndose a la nula cosecha de 2017 y a las adversidades climáticas en forma de pedrisco sufridas en 2018 que devastaron muchos términos municipales.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, ASAJA de Ávila, exige medidas excepcionales para los agricultores y ganaderos de estas comarcas agrarias, para que no se queden en el olvido de las administraciones diluidos los datos en el conjunto del agro.

ASAJA de Ávila ya ha puesto de manifiesto ante la opinión pública que las pérdidas económicas que ha ocasionado a día de hoy la tremenda sequía que atravesamos ascienden a la friolera de los 100 millones solo en la provincia de Ávila, cuando en el resto del territorio nacional se cifran en su conjunto en 1.000 millones. Ávila es la gran damnificada.

ASAJA demanda la puesta de medidas urgentes de forma inmediata. La organización agraria valora positivamente la inminente convocatoria por parte de la Junta de Castilla y León de subvenciones acogidas al régimen de mínimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo, así como espera que a la mayor brevedad se articulen el resto de medidas anunciadas por el ejecutivo regional: carencia de un  año a los préstamos de 2017, la puesta en marcha de una nueva línea de préstamos, bonificaciones fiscales, la exención del pago de tasas por servicios agroganaderos o el incremento del porcentaje del anticipo de ayudas de la PAC.

Para ASAJA de Ávila estas mediadas son claramente insuficientes para los agricultores de las comarcas agrarias donde se ha cebado especialmente la sequía. Por eso urge a todas las administraciones competentes para que articulen a mayores tres medidas que permite y contempla la legislación y que en otras ocasiones similares ya han sido utilizadas:

1)   Préstamos acogidos al régimen de ayudas mínimis, en los que se bonifiquen los intereses y se subvencione el 25% de la amortización del principal, de forma similar a como se hizo y se afrontó la sequía de 2005.

2)   Condonación del pago de las cuotas a la seguridad social durante 12 meses.

3)   Mejora de las coberturas y rendimientos del seguro agrario, acompañada de una recuperación del 10% de la subvención al seguro recortada en 2017 por parte del Ministerio de Agricultura, y un mayor apoyo económico del resto de Administraciones –regional y provincial–.