Desde 2011, un Real Decreto exige a las Comunidades Autónomas regular las zonas en las que los ganaderos pueden dejar cadáveres de reses para que los buitres y otras especies ocasionalmente necrófagas, como el águila imperial o el oso pardo, puedan alimentarse. Sin embargo, solo siete comunidades autónomas –ocho si Aragón si finalmente se suma–, están autorizando el depósito de cadáveres a los ganaderos.

Desde 2011, un Real Decreto exige a las Comunidades Autónomas regular las zonas en las que los ganaderos pueden dejar cadáveres de reses para que los buitres y otras especies ocasionalmente necrófagas, como el águila imperial o el oso pardo, puedan alimentarse. Sin embargo, solo siete comunidades autónomas –ocho si Aragón si finalmente se suma–, están autorizando el depósito de cadáveres a los ganaderos. La desidia política de algunos Gobiernos autonómicos no solo pone en peligro a especies amenazadas sino que ocasionan costes innecesarios tanto al sector ganadero como a la propia administración. Seis comunidades autónomas no han aprobado todavía la normativa autonómica obligatoria, aunque tres de ellas tienen ya un borrador de norma. Madrid, Asturias y Galicia ni siquiera han presentado una propuesta normativa al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

 

El cliché negativo de los buitres y demás especies carroñeras es injusto. Su papel es clave para acelerar el retorno de nutrientes a la cadena trófica y, sobre todo, para recuperar la gestión tradicional en el manejo de bajas en ganadería.

 

Las amenazas que se ciernen sobre los buitres en todo el mundo –entre otras, la escasez de alimentos–, se han traducido en un alarmante declive de las poblaciones a escala internacional: de las 23 especies conocidas, 16 se encuentran amenazadas y 8 en peligro crítico.

 

España, que alberga a más del 90% de las poblaciones de buitres de toda Europa, tiene una responsabilidad capital en su conservación. La ausencia de buitres implicaría pérdidas no asumibles en concepto de servicios ecosistémicos perdidos.

 

"Los costes de gestión de los cadáveres que deben abonar los ganaderos, en algunos casos con ayudas de la administración, se ven igualmente reducidos en las regiones que sí han regulado los puntos donde es posible proveer de alimento a las necrófagas y no nos referimos a los muladares controlados, sino a las zonas de depósito, donde se depositan los cadáveres dentro de las zonas autorizadas" indica Pedro Barato presidente de ASAJA.

 

“En su momento, comprendimos que la prohibición del abandono de cadáveres en el campo era una cuestión necesaria. Pero, después de diez años, es incomprensible que la desidia política esté abandonando a los buitres a su suerte. La falta de voluntad no solo está poniendo en peligro a especies amenazadas, de interés regional, nacional y europeo. Además está ocasionando perjuicios económicos a un sector ya maltratado como es el de la ganadería extensiva y, más aún, está generando gastos innecesarios a nuestras Administraciones”, apunta la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

 

 

Cuestión de voluntad política

 

Tras la gestión de la crisis de las vacas locas, que prohibió el abandono de cadáveres en el campo, SEO/BirdLife solicitó a la Comisión Europea la modificación de la legislación para volver a autorizar esta tradicional práctica ganadera en aquellos lugares con importantes poblaciones de carroñeras. En 2011, el Gobierno aprobó un Real Decreto que dejaba en manos de cada Comunidad Autónoma, competente en esta materia, la designación de los lugares donde seguir desarrollándola.

 

Hasta la fecha tan solo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Navarra, La Rioja y Cantabria cuentan con una normativa verdaderamente efectiva y están dando autorizaciones a los ganaderos para poder depositar cadáveres de reses en el campo. Otras comunidades con normativa aprobada, no están autorizando a prácticamente ninguna explotación ganadera ya que las condiciones impuestas lo hacen inviable, llegando incluso a exigir que se continúe pagando el seguro de recogida. Es el caso de Aragón, Cataluña o Comunidad Valenciana.

 

ASAJA y SEO/BirdLife han detectado que, incluso en la regiones que sí cuentan con normativa, el número de autorizaciones es insuficiente, tanto para el sector ganadero como para proveer de alimento a las especies necrófagas de interés comunitario, que no solo incluyen al alimoche, al buitre negro, al buitre leonado o al quebrantahuesos, sino también a especies de aves amenazadas que consumen carroñas de forma ocasional como el milano real, el águila imperial ibérica o el águila real, y mamíferos como osos o lobos.