La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha enviado a las organizaciones agrarias una propuesta de orden por la que se establece un nuevo plazo, hasta el 30 de abril, para suscribir los préstamos de la sequía y heladas regulados por la Orden AYG/546/2017. ASAJA denuncia que esta ampliación de plazo es necesaria debido a la desgana con la que, tanto la consejería de Agricultura como SAECA desde la parte de las administraciones públicas, como los bancos y cajas rurales, se han tomado esta medida pensada para inyectar liquidez a las explotaciones agrarias de Castilla y León.

ASAJA no acepta ninguna escusa que justifique que la formalización de estos préstamos se alargue hasta finales de abril, cuando en ningún caso debería de haberse retrasado más allá de finales de octubre, y mucho menos la escusa oficial de la “complejidad de su tramitación”. No se puede admitir que quienes necesitan la liquidez para afrontar los gastos de una nueva campaña agrícola iniciada ya en el mes de septiembre, al día de hoy no dispongan ya del dinero, cuando el plazo inicial para la solicitud de aval y de la bonificación de intereses finalizó el 20 de septiembre, y aún hay operaciones sin resolver por la administración y los bancos.

ASAJA ha sido muy crítica con esta línea de ayuda que en el mejor de los casos se le ha concedido solo a uno de cada cuatro agricultores y ganaderos que cumplían los requisitos para ello. La empresa SAECA, que asumía el riesgo, se lo ha puesto fácil a quienes tienen recursos y no lo necesitaban tanto, mientras que se lo ha puesto imposible a los agricultores más endeudados, a los pequeños agricultores, y sobre todo a los jóvenes. La administración regional también confundió al sector obligando inicialmente a tener aval SAECA para poder beneficiarse de la bonificación de intereses, y los bancos rechazando estas operaciones cuando ya se permitía subvencionar por la Junta, prueba de ello es que la mayoría de los bancos y cajas rurales que firmaron el convenio con la Junta posteriormente no suscribieron la adenda al convenio para estudiar y conceder la operación de préstamo cuando no iba garantizada por SAECA, y el resto de los bancos ha seguido al margen. Por otra parte, aunque estos préstamos podían ser de un importe de  hasta 40.000, 60.000 u 80.0000 euros según los casos, la mayoría de las operaciones se han hecho por importe de 25.000 euros, ya que para cantidades mayores SAECA exigía unas garantías que eran imposibles para la mayoría de los profesionales del campo.

Por último, ASAJA espera que se cierre cuanto antes este capítulo fracasado de gestión política y administrativa de la Junta y de Gobierno para abordar los problemas del  campo por la sequía y heladas en la campaña  2017. Porque fue un fracaso la línea de ayuda de préstamos bonificados, las condonaciones que no se han llevado a cabo en tarifas de riego, los nulos avances en la mejora del seguro agrario, y la ineficaz medida de aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social. Ambas administraciones se han negado en rotundo a dar ayudas directas al campo y, respecto a las mejoras fiscales, todavía se está a la espera de conocer los informes preceptivos que ha de emitir la consejería de Agricultura.