Con la letanía del retraso en el cobro de ayudas comprometidas -agroambientales, indemnización compensatoria, planes de mejora o primera instalación de jóvenes- hemos conocido los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el área de Agricultura y Ganadería.
Aunque se nos ha dicho por activa y pasiva que los fondos destinados al campo aumentan, la realidad que nos encontramos al desgranar las grandes cifras y dejar a un lado los titulares es bien diferente. Para empezar, es irreal afirmar que los fondos destinados al campo se incrementan en un 0,49 por ciento, dado que ese aumento corresponde a préstamos reembolsables dirigidos a empresas agroalimentarias. Tiene truco. En realidad, el presupuesto disminuye un 6 por ciento, con 480 millones para el sector agrario, que sobre el papel pueden parecer mucho pero que en realidad nos retrotrae a cifras conocidas hace años.
Lo cierto es que las únicas partidas de las que se benefician los agricultores y ganaderos, que son el capítulos 6 de inversiones reales y el 7 de transferencias de capital, se han reducido el 6,21 por ciento respecto a 2013, pasando de 258,3 millones de euros a 242,3 millones. Ambas partidas, comparadas con el presupuesto del año 2009, cuando empezaron los recortes, se han reducido el 53,5 por ciento, ya que en dicho año se presupuestaron y ejecutaron 520,8 millones de euros.
Son, sin duda alguna, los peores presupuestos de Agricultura desde que se inició una crisis ajena al campo, que ayudan poco a los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad, que se esfuerzan por producir, por ser competitivos, por sostener el medio rural. En cualquier caso, vaya por delante, no es un incremento, sino un recorte a los fondos destinados al sector.
De esta forma, para el próximo año el sector contará con menos fondos y esperemos que con menos retrasos en el pago de las ayudas comprometidas. El ganadero y el agricultor necesitamos liquidez para poder afrontar nuestro día a día. Y no tediosas esperas de una Administración que espera hasta casi agotar los plazos legales para el pago de ayudas.
Joaquín Antonio Pino es presidente de ASAJA de Ávila
