Ahora es el momento de ordenar el patio

 

Con todos los defectos y errores –los hay, y muchos– que pueda tener la Política Agrícola Común, los agricultores y ganaderos somos muy conscientes de que difícil defensa tendríamos sin ese soporte. Desde que nuestro país se sumara al proyecto de la Unión Europea, nuestro sector cambió el paso y se adaptó, no sin sacrificios, para asimilar un concepto común de hacer agricultura y ganadería, cumpliendo las normas de producción y calidad más exigentes del mundo. Aun así, cada vez que los tecnócratas de Bruselas emprenden una nueva reforma de la PAC los profesionales del campo nos echamos a temblar, porque la experiencia nos dice que esos cambios se han traducido siempre en menos dinero y condiciones más restrictivas, con la excepción, quizás, de la negociación de la Agenda 2000 que defendió en tiempos Loyola de Palacio, que logró arañar más presupuesto y cuotas de producción. Pero en el resto de reformas la tendencia ha sido la contraria: baste con recordar la última estocada al sector remolachero, que obligó a mermar la producción en un 50%, aun siendo deficitarios en este producto.

 

Así pues, cuando el agricultor y el ganadero saltan al “campo de juego”, las reglas están predeterminadas por Bruselas, y por las complicadas relaciones con terceros países. De alguna forma el profesional se adapta a ello, y trata, a base de trabajo y esfuerzo, que las cuentas de su explotación cuadren. Pero hay otra cuestión que inquieta a los verdaderos agricultores y ganaderos: que con demasiada frecuencia salten a ese “campo de juego” competidores que no cumplen ninguna de las reglas que a nosotros se nos exigen.

 

Porque esa PAC para la que una y otra vez quieren escatimarse fondos se reparte de una forma un tanto arbitraria, por no decir injusta. Y eso que en nuestro país y, en concreto, en nuestra Castilla y León, el número de perceptores de la PAC ajenos al sector es menor que en otras partes de Europa. Pero aún así, a nuestros agricultores y ganaderos les chirría, y con razón, que las ayudas sean recibidas en las mismas condiciones por el profesional que trabaja y vive de verdad del campo como por otros, que lo tienen como un ingreso extra a otro tipo de trabajos o que en teoría ya dejaron de trabajar. Sonroja a propios y extraños que haya perceptores de la PAC que estén cobrando importantes ayudas sin ejercer actividad agraria alguna, por el mero hecho de haber activado derechos de una agricultura anterior y estar cobrando por tierras de pastos que en muchos casos ni saben dónde están. Porque eso está pasando, diga lo que diga el ministro.

 

Ahora nuestro país está en plena negociación para determinar cómo adaptará la 2014-2020. Se quieren modificar muchas cosas, pero aplicando el máximo tacto para que al final, en la práctica, cambie lo menos posible, para que el presupuesto que llegue a cada Comunidad Autónoma, a cada provincia, sea más o menos el mismo. Queremos que sectores estratégicos y con dificultadles, como la ganadería o la remolacha, cuenten con ayudas acopladas y un refuerzo extra para salir adelante; queremos que los condicionantes “verdes” sean sensatos y coherentes con el trabajo agroganadero; queremos que los jóvenes que se incorporen lo hagan con un incentivo inicial y también sostenido en el tiempo.

 

Parece que para todos estos puntos hay un compromiso de las administraciones. Pero queda uno: definir qué es agricultura activa y agricultor activo. En este tema en Castilla y León hemos dado un paso al frente, el sector, con la mediación de la Consejería de Agricultura, se ha esforzado por mostrar una postura común. Para ASAJA, no se trata tanto de confundir apelando a leyes, decretos y normas, sino de aplicar el sentido común: Agricultura y ganadería activa es aquella que produce alimentos; explotación agraria o ganadera es aquella que con el trabajo agrícola o ganadero produce alimentos y crea empleo.

 

El agricultor, el titular de esa explotación agraria, es el que se juega su dinero y trabajo, corre riesgos, y asume sus obligaciones, y no solo (como ocurre ahora en algunos casos) el que recibe los derechos que la PAC otorga. Es decir, en ningún caso se está planteando excluir a nadie del derecho a cobrar la PAC, y mucho menos es cierto que se perdería mucho dinero que viene de Europa, como dice Arias Cañete. Un agricultor profesional activo tiene el derecho a cobrar la PAC y tiene también la obligación a declarar esos ingresos en la declaración renta y cotizar a la Seguridad Social por el trabajo que realiza. Por la misma razón, y si como dice la Constitución los españoles son iguales ante la Ley, las personas que no sean profesionales del sector, bien porque ejerzan a tiempo parcial o bien estén jubilados, si tienen derecho a cobrar la PAC tienen que tener la obligación de cotizar a Hacienda en la parte que los corresponda, y a la Seguridad Social por aquellas horas que realizan. Y por supuesto, si existe una explotación y percibe PAC, tiene que producir, crear alimentos y riqueza. No se puede amparar que haya explotaciones que cobran la ayuda y luego no produzcan nada.

 

Desde ASAJA de Castilla y León consideramos que sería una irresponsabilidad de nuestros políticos, y especialmente del Ministerio de Agricultura, dejar escapar esta oportunidad para definir lo que es la agricultura y ganadería profesional en nuestro país y lograr además legitimar ante la sociedad el sistema de ayudas de la Política Agrícola Común.