Por Joaquín Antonio Pino*
El año ha comenzado con el plato fuerte que ha supuesto el acuerdo para la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España hasta el año 2020. Una negociación que nos ha supuesto muchos quebraderos de cabeza; no hay que olvidar lo que la PAC sigue significando para todos nosotros, a pesar de que nos afanamos en hacer foco en el mercado, del que depende el 70 por ciento de lo que percibimos.
En cuanto a la definición de ‘agricultor activo’, se ha empezado a poner coto para que los profesionales del sector, para entendernos lo que se montan en el tractor y generan riqueza y empleo en el medio rural, sean los beneficiarios de las ayudas. Pero no es menos cierto que nuestras pretensiones eran más ambiciosas. Lo que reclamábamos era que se exigiera que al menos el 50 por ciento de los ingresos totales de los perceptores PAC procedieran de la producción, y no el 20 por ciento que finalmente se exigirá. Aún así, hemos dado entonces un pequeño paso.
En cuanto los pagos acoplados, no se han alcanzado nuestras aspiraciones, para que supusieran el 15 por ciento del total sino que supondrán, de momento y con posibilidad de revisión, el 12 por ciento del presupuesto nacional. Eso sí, la ganadería -que ya habíamos criticado era la gran olvidada de esta reforma- será considerada prioritaria.
Aún quedan muchas cuestiones importantes por conocer. Por ejemplo, el establecimiento de las regiones agronómicas para la regionalización de ayudas, del que solo se ha concretado que serán entre 22 y 24. Lucharemos para que nuestros agricultores y ganaderos no pierdan fondos, para lo que debe programarse un “aterrizaje suave” que permita una adaptación progresiva al nuevo marco.
Podemos respirar un poco más tranquilos a pesar de los pesares, pero no cantar victoria. Los flecos pendientes son muchos. Eso sin contar que las administraciones pagan cuando pagan (tarde y mal, a juzgar por lo acontecido el año pasado), olvidándose de que el sector sufre ahogado por los elevados costes de producción y por el bajo precio al que nos siguen pagando por lo que producimos. Los préstamos vencen y el crédito no fluye. Ante esta tesitura, no olvidamos exigir el rápido desembolso de las ayudas.
*Joaquín Antonio Pino es presidente de ASAJA de Ávila
