Los casos que más afectan a nuestros agricultores son los nuevos regadíos o modernización de regadíos; también, obra pública que lleva aparejada cualquier proyecto de concentración parcelaria.
Varias comunidades de regantes mantienen serias discrepancias con empresas públicas de infraestructuras agrarias por las deficiencias o vicios ocultos que han encontrado cuando han recibido las obras de modernización de los regadíos. Quizás el caso que más ha trascendido haya sido el de la comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, pero ni mucho menos es el único, ni por desgracia será el último. Se trata de obras ejecutadas tanto por empresas públicas como privadas, algo que no debería de ser relevante, pues de lo que se trata es de que funcionen los controles y que las obras, cuando se entreguen, se ajusten al proyecto con el que se sacaron a licitación. Y es más, en algunos de los casos quizás el origen del problema sea el propio proyecto, el origen del problema es el mal trabajo de unas empresas de consultoría que se llevan un dinero indecente por un trabajo de despacho que muchas veces no funciona cuando se pone sobre el terreno, o que no funciona como debería para responder a las demandas de los usuarios. Cuando esto ocurre y acarrea serias consecuencias económicas para los agricultores y ganaderos, hay que hablar de negligencia, pero otras veces lo que se produce es un fraude al variar la calidad o componentes para ganar más dinero, y quizás en más ocasiones de las que pensamos detrás de todo está la corrupción de funcionarios de alto nivel o políticos que intervienen en la licitación, adjudicación y dirección de obra de los proyectos.
Los casos que más afectan a nuestros agricultores y ganaderos son los de nuevos regadíos o modernización de regadíos, proyectos siempre de varios millones de euros donde el usuario paga una parte importante de los mismos, para completar el resto con subvenciones públicas, y donde quien decide es la administración pública, bien empresas públicas del Estado, o empresas públicas o institutos de la administración autonómica. En menor medida, pero nada desdeñable, es la obra pública que lleva aparejada cualquier proyecto de concentración parcelaria, donde además de clasificar mal la propiedad y diseñar nuevas parcelas sin aplicar los más lógicos principios, nos encontramos con desagües que no desaguan, caminos trazados por zonas indebidas, firme mal echado que se hunde al paso del primer tractor, y una dimensión de las obras que lo mismo se pasa por sobredimensionada que se queda corta para lo que se necesita.
Tanto para las obras de regadío, donde el usuario paga y por tanto tiene todo el derecho a exigir, como para las obras de concentración parcelaria, donde el usuario tiene el derecho a exigir que se le dé el mejor servicio con el dinero de los impuestos de todos, las infraestructuras tienen que responder a las necesidades del sector, las actuales y las que se prevén en un medio plazo. Tienen que ejecutarse con rigor respetando los plazos, respetando el presupuesto de licitación, respetando un proyecto que de entrada ha de ser perfecto, y cuando se entreguen, tiene que ser una vez demostrado que todo funciona y que hay mecanismos legales suficientes para exigir responsabilidades si hay defectos que afloran con el tiempo.
*José Antonio Turrado es secretario general de ASAJA de Castilla y León
