Por José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA de Castilla y León
La sanidad animal que todos deseamos requiere de la máxima coordinación y cooperación entre administraciones públicas, algo difícil en una Unión Europea donde la última palabra la tienen los estados que la conforman, y difícil en un estado de las autonomías.
No cabe duda que la sanidad animal es hoy día una de las principales preocupaciones de los ganaderos. Así se puso de manifiesto en una jornada celebrada recientemente en Salamanca impulsada por nuestra organización en esa provincia. Los ganaderos somos conscientes de que un libre mercado dentro de la Unión Europea, y las puertas que cada día se abren a las transacciones comerciales con terceros países, exigen de una cabaña que responda a unos parámetros internacionalmente reconocidos en materia de sanidad animal. Y esto es así porque hay que evitar que enfermedades comunes con la especie humana tengan como fuente de contagio las explotaciones ganaderas o los alimentos que consumimos, y es así porque uno de los factores que más influye en la rentabilidad de la producción animal es el buen estado de salud del rebaño, ya que únicamente un animal sano puede alcanzar las mejores producciones y los mayores índices de conversión de piensos y forrajes en proteína animal.
En esta labor de mejorar la sanidad animal, el propio ganadero juega un papel crucial, pues es el primero que tienen que estar convencido de la necesidad de criar animales sanos y hacer cuanto esté en su mano para evitar el contagio y luchar para remontar el estatus sanitario cuando hay un problema. Y cuando de lo que se trata es de las enfermedades objeto de control y erradicación en las campañas oficiales de saneamiento ganadero, el ganadero tiene el derecho a que se le informe convenientemente por parte de la administración, a que se haga una labor pedagógica de convencimiento antes de imponer la norma, que no haya mensajes discordantes desde otros intereses distintos, que se controle al sector intermediario que gestiona el mercado, y que la ejecución de las campañas se haga por parte de veterinarios oficiales con conocimientos e independencia contrastadas. Porque, a nadie se le escapa, con esto de la sanidad animal, con esto del saneamiento ganadero, se ponen en juego intereses económicos privados que en modo alguno pueden ni deben condicionar la voluntad de unas administraciones públicas que han de velar por el bien común y el cumplimiento de las leyes.
Esta sanidad animal que todos deseamos requiere de la máxima coordinación y cooperación entre administraciones públicas, algo difícil en una Unión Europea donde la última palabra la tienen los estados que la conforman, y difícil en un estado de las autonomías, como el que rige en España, donde cada territorio dicta sus propias normas e interpreta las comunes al más libre albedrío. Difícilmente se puede pedir rigor y seriedad a los administrados, en este caso a los ganaderos, cuando esos mismos ganaderos pueden comprobar que en comunidades autónomas limítrofes se aplican criterios dispares y se tienen estatus sanitarios diferentes. En este ejercicio comparativo entre territorios, es justo reconocer que Castilla y León ha hecho un mejor trabajo cuyos frutos empiezan a ser evidentes, y que los ganaderos hemos puesto lo nuestro, que es mucho, cuando en otras comunidades autónomas se convivía con una política de mano ancha donde todos parecían estar contentos, ganaderos y políticos.
