Por José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA Castilla y León
A lo largo de este año que da los últimos coletazos, parco en materia legislativa por la situación de interinidad del Gobierno de la nación, y por la falta de iniciativas solventes por parte de la Junta, se ha trabajado de forma conjunta entre Agricultura y Medio Ambiente en dos o tres cuestiones relevantes para los agricultores y ganaderos. Una de las medidas, la de la quema de rastrojos, no ha dado los resultados esperados, pues la tardanza en publicar la norma y las trabas regulatorias, han rebajado las expectativas de unas labores de quema que hubieran supuesto ahorros de costes y agilización de los trabajos. Pero es cierto que la parte positiva, nada desdeñable, ha sido sentarse en una misma mesa dos consejerías que a veces defienden intereses contrapuestos con el agricultor y ganadero como víctima de sus batallas por defender parcelas de poder. Se ha demostrado que la medida de quemar rastrojos no era imposible desde el punto de vista legal, y que no se producen daños medioambientales como vaticinaban los más detractores.
Ambas consejerías trabajan en otro proyecto, que ya se nos presentó hace año y medio, para determinar las condiciones medioambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas, y regular el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades. Si ambas consejerías no nos engañan, que todo podría ser, se trata, aunque parezca imposible de creerlo, de dar facilidades a la hora de construir un alojamiento ganadero y otorgar la licencia de actividad, simplificando un proceso farragoso que hasta ahora se rige por lo establecido en la Ley de Prevención Ambiental. Si de verdad las actividades hasta ahora sujetas a licencia ambiental se pueden tramitar como comunicación ambiental, habremos avanzado mucho en la línea de dar facilidades a quien emprende una actividad ganadera. Y sobre todo, habremos avanzado si los ayuntamientos aplican la misma filosofía de dar facilidades, agilizan trámites, y modifican, si es el caso, normas urbanísticas aprobadas cuando se pensaba que el campo podía terminar sembrado de promociones urbanísticas en vez de ocupado por vacas y ovejas pastando.
Un tercer frente donde se juntan los intereses de ambas consejerías es la autorización de proyectos de obra pública vinculados a regadíos y a concentraciones parcelarias. No es fácil encontrar en Medio Ambiente funcionarios sensibilizados con los problemas del campo –es más, cuesta encontrarlos en la consejería del ramo, la de Agricultura y Ganadería–, por lo que de entrada, cualquier proyecto que altere lo más mínimo las cosas, y las concentraciones y regadíos por su propia naturaleza las alteran, cuenta de entrada con el informe desfavorable. Encima de la mesa de Medio Ambiente hay algún proyecto de Agricultura que está teniendo serios problemas para salir adelante por la simple razón de que ha caído en manos de algún funcionario enemigo del campo y cargado de prejuicios, por lo que se requiere una intervención política al más alto nivel para poner las cosas en su justo equilibrio.
Y si esta racha de entendimiento entre consejerías es una realidad y no un espejismo, puede que el próximo año veamos medidas conjuntas para el control sanitario y poblacional de la fauna salvaje, y medidas para que en nuestros montes haya unas frondosas zonas de pastoreo que permitan aumentar el número y rentabilidad de nuestra cabaña ganadera.
