José Antonio Turrado. Secretario Gral. ASAJA Castilla y León
Salvo que otros digan lo contrario, las relaciones de las organizaciones profesionales agrarias con el Gobierno regional, y en particular con la consejería de Agricultura y Ganadería, no son ni mucho menos satisfactorias. Dicho ahora, a mitad de legislatura, es un buen momento para retomar la cuestión y enderezar el rumbo, siempre que lo que interese sea eso, una buena relación con el sector, porque si lo que interesa es lo contrario, nos tocará afianzarnos cada uno en nuestro papel y esperar que los dos años que hay por delante se hagan cortos. La mala relación nada tiene que ver con lo personal, tiene que ver con una postura de ninguneo a los representantes de las organizaciones agrarias, a los que se llama cuando podemos ser necesarios o útiles para conseguir un efecto mediático, pero no se nos llama para trabajar en el diseño de la política agraria de Castilla y León. Se trabaja pensando en los medios de comunicación y no en los agricultores y sus representantes, lo que desvirtúa el contenido de las pocas reuniones que se mantienen entre Opas y administración, pues realmente todo lo que se va a contar se puede ver reflejado el mismo día o días antes en algún medio. Por si fuera poco, ha vuelto la tendencia a dotar al movimiento cooperativo de capacidad de interlocución en la esfera reivindicativa, como si no tuviera suficiente con defender los productos en los mercados. Y esas reuniones y contactos no oficiales que es lógico que se produzcan, a veces con discreción, en esta legislatura son una auténtica excepción, al menos con ASAJA.
Si no se nos consulta ni se nos tiene en cuenta para diseñar y ejecutar la política agraria, tampoco se valora el trabajo que se desempeña por parte de nuestros técnicos en las distintas oficinas que tenemos abiertas para dar servicios a los agricultores y ganaderos. Lejos de profundizar en la figura de “entidades colaboradoras”, bien recogida en la Ley Agraria aprobada en la pasada legislatura, el actual equipo de la consejería de Agricultura, en connivencia con el Grupo Parlamentario del PP, echó por tierra una moción del Grupo Socialista que pretendía un legítimo reconocimiento a las organizaciones profesionales agrarias. No reconocer una realidad, por otra parte tan valorada por la inmensa mayoría del sector, como son los servicios que se prestan, es un ejercicio premeditado de ninguneo, de desprecio, de hacer de menos. Porque el reconocimiento, más que para las siglas, es para dos centenares de profesionales, los trabajadores de las organizaciones agrarias de Castilla y León, a los que le tenemos encomendado más trabajo del que despeña toda una legión de funcionarios al servicio de la Consejería.
Y en todo esto, cuando hablamos de malas relaciones, tan siquiera nos acordamos de cómo trata el Ejecutivo a las organizaciones sindicales y a la patronal empresarial, y cómo nos trata a nosotros. Porque, a nosotros, nos recorta los escasos apoyos públicos más o menos institucionalizados, no nos apoya en distintas iniciativas que antes eran bien recibidas, y por supuesto no disponemos ni de un euro para programas de formación para nuestros asociados. Y por si fuera poco, parece que la consejera está preocupada por las ayudas que algunas diputaciones vienen dando a las organizaciones de los agricultores. Como para estar contentos.
