José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA de Castilla y León
Después de vividos unos años de crisis, de la que algunos sectores no se han recuperado, en los que desde el poder político se justificó la desaparición de organismos oficiales, empresas públicas y corporaciones de derecho público, en aras al ahorro y la racionalización de los servicios públicos, sorprende que ahora, el mismo Gobierno, el de Juan Vicente Herrara, presente un proyecto de Ley para crear un ente nuevo: una cámara de comercio autonómica. Es difícil pensar que teniendo al menos una en cada provincia y en algunas provincias dos, sea necesario crear un ente autonómico para dedicarse a lo mismo sin cuestionar la continuidad de las que ya existen. Porque es evidente que la estructura que se plantea no surge de un interés del sector empresarial de Castilla y León, al menos desde la base de nuestras empresas y autónomos, surge del poder político, y como mucho de cierta clase dirigente en el mundo empresarial de esta autonomía. Pero claro, los que apuestan por esta estructura, no es que quieran disponer de elemento jurídico para desempeñar mejor sus funciones o emprender otras más ambiciosas, lo que buscan es una regulación con rango de ley que lleve aparejada un importante presupuesto público para dotarse de una ostentosa sede social y cubrir la mayor parte de los gastos corrientes que se generen cada año, y de paso, que lleguen también más recursos a las cámaras provinciales. Cuando afortunadamente se suprimió el pago obligatorio a las Cámaras de Comercio, y hubo restricciones incluso en los coches oficiales de los miembros camerales, surgió un debate social que no conducía a otra cosa que no fuera al cierre ordenado de las mismas. Pero sea por lo que ha pesado la historia, o por el poder político de ciertos empresarios a los que le gustan este tipo de sillones un tanto institucionales, llegó un momento que pareció como que revivieran, y eso hasta que ahora haya llegado una iniciativa para potenciarlas. Pues esto no hay quien lo entienda, salvo que sea una componenda más de eso que por estas tierras, los oficialistas de la interlocución socioeconómica, llaman el “diálogo social”.
Cabe recordar que la Cámara de Castilla y León se pretende crear cuando en los últimos años se ha reducido a su mínima expresión la estructura y funcionamiento del Consejo Económico y Social, y cuando en lo nuestro, en lo del campo, la Junta ha exterminado las Cámara Agrarias. Primero las sometió a una muerte lenta reduciendo el presupuesto hasta terminar por suprimirlo por completo, y después las ha intervenido para vender su patrimonio y destinarlo a cualquier fin, quizás para alguna golfería, y en ningún caso para devolverlo a sus legítimos dueños, que no son otros que los representantes de los agricultores y ganaderos. Es una doble vara de medir la que está teniendo la Junta con respecto a las cámaras de representación de intereses agrarios y empresariales o del comercio, pues mientras que las de los primeros las extingue, las de los segundos las potencia con legislación y billetes de euros. Y es que, por más que nos duela, siempre ha habido clases, y nosotros los agricultores, a los ojos de la Junta, somos los parias.
