La organización agraria ASAJA de Ávila rechaza la propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de poner en marcha un seguro para hacer frente a los daños ocasionados por el lobo al ganado, ya que se trata de una fórmula ya utilizada y desechada por su estrepitoso fracaso y que cuenta con la oposición de los ganaderos afectados. Asimismo, recuerda al consejero que es la Junta de Castilla y León quien debe abonar los daños que ocasionan los cánidos, no los ganaderos.
La organización agraria ASAJA de Ávila rechaza la propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de poner en marcha un seguro para hacer frente a los daños ocasionados por el lobo al ganado, ya que se trata de una fórmula ya utilizada y desechada por su estrepitoso fracaso y que cuenta con la oposición de los ganaderos afectados. Asimismo, recuerda al consejero que es la Junta de Castilla y León quien debe abonar los daños que ocasionan los cánidos, no los ganaderos.
Para la OPA, el consejero de Medio Ambiente ha comenzado con mal pie su primera visita a la provincia abulense, atentando contra los derechos de los ganaderos que sufren a diario los ataques de los lobos y que demandan soluciones reales y definitivas a la problemática del lobo en la provincia, que pasan por que la Junta de Castilla y León asuma su responsabilidad y abone las indemnizaciones pertinentes a los afectados.
El presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha subrayado que “la suscripción por parte del ganadero de un seguro para cubrir los daños provocados por el lobo no es viable, es una medida obsoleta que ha fracasado en el pasado y no cuenta en absoluto con el apoyo de los ganaderos”. En este sentido, el presidente de ASAJA ha explicado que “es un sinsentido que se obligue al ganadero a contratar una póliza por los daños que le ocasiona el lobo cuando es un animal que es patrimonio de todos y, por tanto, responsabilidad de la Junta, tal y como ha reconocido una sentencia judicial”.
“Es obligación de la Junta abonar, en los plazos fijados y con las cuantías que realmente cubran los perjuicios ocasionados por los cánidos, las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, y que agilice la tramitación de estos pagos, que acumulan retrasos de hasta tres años”, ha incidido Joaquín Antonio Pino.
Asimismo, pide a la Junta de Castilla y León que adopte las medidas necesarias para prevenir los ataques del lobo, lo que conlleva el control poblacional de la especie, y proteger a los ganaderos de los perjuicios que ocasiona la fauna salvaje, ya que ésta es responsabilidad de la Administración regional.
